El Poder Ejecutivo Nacional publicó este martes el Decreto 733/2025, mediante el cual se modifica el artículo 20 del Decreto 196/2025, que establecía los plazos de implementación del sistema de peajes automáticos o sin barreras (“Free Flow”) en las rutas nacionales.
La norma, firmada por el presidente Javier Milei, el ministro del Interior Guillermo Francos y el ministro de Justicia interino Mariano Cúneo Libarona, fue publicada en el Boletín Oficial.
El nuevo decreto dispone que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) deberá establecer un nuevo cronograma de implementación de los sistemas de cobro de peajes, garantizando que, para el 31 de diciembre de 2026, todas las rutas nacionales concesionadas cuenten con vías automáticas canalizadas con barreras y/o vías “free flow”, según las características de cada tramo.
El Ejecutivo justificó la medida al señalar que la construcción y mantenimiento de la infraestructura vial “requiere la participación del sector privado” y que los nuevos mecanismos de cobro “deben promover un tránsito vehicular más fluido y seguro”.
Implementación flexible y gradual
De acuerdo al texto oficial, la DNV podrá modificar los plazos previstos cuando las condiciones técnicas u operativas de cada estación de peaje lo justifiquen. Esta flexibilización apunta a “hacer viable la implementación de los sistemas automáticos de cobro” considerando las particularidades de la red vial.
La decisión se enmarca en una política orientada a modernizar el sistema de peajes, reducir la evasión y mejorar la fluidez vehicular. En ese sentido, el Gobierno ratificó su compromiso con la adopción del dispositivo TelePASE como base tecnológica de los nuevos sistemas, y reiteró que su uso tenderá a ser obligatorio en todo el territorio nacional.
Con esta modificación, el Gobierno busca asegurar previsibilidad y sustentabilidad económica en los sistemas de peaje, avanzar hacia un esquema completamente digital y eliminar progresivamente las cabinas manuales, que deberán ser reemplazadas por vías automáticas o sin barreras.
Asimismo, se ratifica el rol de la Dirección Nacional de Vialidad como autoridad de aplicación de los contratos de concesión vial vigentes y futuros, conforme lo dispuesto por la Ley 27.445 de Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo de la Infraestructura.
