Misiones formalizó su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), previsto en la Ley Nacional Nº 27.742. La medida quedó plasmada en la Ley VII-Nº 106, sancionada por la Cámara de Representantes el 28 de agosto de 2025, e incorporada al marco jurídico provincial mediante el Decreto Nº 1808 firmado por el gobernador el 10 de septiembre y publicado hoy en el Boletín Oficial de la provincia. De este modo, Misiones adopta directamente los capítulos y artículos de la normativa nacional que regulan los beneficios fiscales, cambiarios y administrativos destinados a proyectos de gran escala.
Durante el debate legislativo, la adhesión obtuvo una amplia mayoría de votos a favor, con apenas dos rechazos provenientes del Partido Agrario y Social. Desde el oficialismo se subrayó que la provincia cuenta con condiciones estratégicas, como 350 mil hectáreas forestadas, recursos humanos capacitados y experiencia en energías renovables, que la posicionan como un destino atractivo para potenciales inversores.
Tras la aprobación en la Legislatura misionera el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, defendió la adhesión y salió al cruce de las críticas. En esa ocasión aclaró que el RIGI “no significa entregar tierras ni habilitar daños ambientales”, dado que toda inversión deberá pasar por los controles del Ministerio de Ecología. También remarcó que la normativa garantiza estabilidad fiscal por 30 años, lo que implica que ni la Nación ni las provincias adheridas podrán crear nuevos impuestos ni elevar los existentes durante ese período. Además, explicó que el régimen otorga beneficios en materia cambiaria y bancaria, como la posibilidad de girar dividendos al exterior a partir de 2026 en el caso de las compañías extranjeras.
Safrán reconoció que todavía no hay proyectos concretos en carpeta, aunque mencionó a la forestoindustria y la hotelería como sectores con potencial para aprovechar el esquema. Al mismo tiempo, descartó que las futuras inversiones compitan con las empresas locales, al sostener que “van a potenciar la economía y generar nuevas demandas” en lugar de perjudicar la actividad existente.
La oposición, en cambio, Advirtió sobre el riesgo de que el régimen termine favoreciendo a grandes corporaciones extranjeras en detrimento de la industria nacional y de las economías regionales. Desde el radicalismo se planteó la necesidad de garantizar que los beneficios no se concentren únicamente en pocos actores, mientras que desde el Partido Agrario y Social denunciaron que el RIGI “es una política de entrega”.
Con esta decisión, Misiones se suma a otras provincias que ya aprobaron su incorporación al régimen nacional, con la expectativa de atraer inversiones de más de 200 millones de dólares que impulsen el empleo calificado, la innovación tecnológica y el crecimiento productivo. El desafío será equilibrar la llegada de capitales con el cuidado del ambiente y el fortalecimiento de las actividades locales.
