En marzo de 2017 una madre posadeña debió internar a su hija de 17 años, estudiante de secundaria que intentaba aprobar el cursillo de ingreso a la facultad de medicina de esta capital, por una sobredosis de un cóctel de drogas que incluían ritalina para tratamientos de trastornos de déficit de atención con hiperactividad y la narcolepsia, mezclados con cocaína y ketamina.
La progenitora decidió solicitar un tratamiento posterior en un centro de rehabilitación que la menor cumplió pero no pudo evitar la presión de quien le facilitaba los estupefacientes y la reducía a una sirvienta sexual en su departamento céntrico.
La gravedad del cuadro aumentó y el 20 de diciembre del mismo año, la adolescente debió ser rescatada ya por orden judicial y se descubrió que su novio no tenía 24 años sino 34 y tampoco la identidad con la que lo conocían era la que su familia conocía.
Desde ese momento se destaparon episodios previos de violencia sexual, sometimiento, reducción a la servidumbre, encierro, golpes, drogas sin límites, que incluso se remarcaron desde 2003, cuando el involucrado era un joven estudiante de abogacía en Posadas y proveniente de Aristóbulo del Valle, cuyo padre es contador de una empresa reconocida en todo el país.
El imputado tiene 41 años y enfrentará desde el próximo miércoles el juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas (TOCF) acusado de entregar y suministrar drogas, abusar sexualmente y reducir a la servidumbre al menos a dos menores de edad, una en 2016 cuando tenía 15 años y la restante en 2017 con 17 años.
Ambas víctimas fueron sometidas a situaciones límites según el expediente que inició en el Juzgado de Instrucción 2 de la Primera Circunscripción Judicial Provincial, en 2017 el juez César Antonio Yaya, y que luego pasó al fuero federal posadeño por los delitos previstos en las leyes 23.737, la 26485 y 26.842, de drogas, violencia contra la mujer y trata, respectivamente.
José Luis Casals, juez Federal en lo Criminal y Correccional, procesó en 2021 y envió a juicio al encartado en 2023, luego de una extensa investigación que encargó a la Prefectura Naval Argentina y al Programa nacional de rescate a personas víctimas de trata, y que se fue ampliando a medida que el hecho tomó estado público.
De acuerdo al procesamiento del sospechoso, los hechos que se le imputan por suministrar drogas a las menores se inician en octubre de 2016, como también los episodios de abusar sexualmente con acceso carnal a la menor, mediando violencia de género y una situación de reducción a la servidumbre.
Situación similar atravesó una adolescente de 16 años que fue drogada con cócteles de éxtasis, cocaína, alcohol y ketamina en el noveno piso de un edificio de la avenida Roque Sáenz Peña casi Catamarca, también en la zona céntrica.
Fue abusada sexualmente junto a otra menor con la que despertó varias horas después, ambas desnudas en una cama y sin poder salir de la propiedad porque la puerta estaba cerrada con llave.
Según las fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN, este hecho le provocó a la víctima trastornos en la salud mental que hasta hoy requieren tratamiento especializado.
Tras la primera denuncia, el acusado aseguró que era “víctima de una cacería de brujas”.
Declaró que la adolescente de 17 años mantuvo con él una relación sentimental y que gracias a sus recursos ella pudo inscribirse para iniciar el cursillo de ingreso a la carrera de medicina y “obtuvo la mayor calificación”.
Los abusos y suministros de drogas se replicaron en un departamento de Villa Sarita y otro por la calle San Luis casi Santiago del Estero.
En 2018, el acusado retomó el vínculo con la ya mayor de edad y en 2019 se mudó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a estudiar.
La víctima había abandonado el tratamiento mientras el presunto victimario se sostenía con el ingreso de un contrato como empleado en la Cámara de Representantes.
El expediente de los actos del encartado lo apuntan como un hombre que amenazaba a las jóvenes y adolescentes. “Siempre con el mismo modus operandi, drogarlas, violarlas, quebrarlas moral y emocionalmente a través de distintas formas de violencia y métodos de tortura con todo un discurso místico de ser una familia y la pertenencia haciéndolas cómplices, partícipes o encubridoras de delitos y las daña y las quiebra de manera tal que solo he visto en víctimas de trata y de sectas religiosas sometidas a la servidumbre”.
Testigos de la causa, como compañeras de colegio de la víctima de 17 años, indicaron que durante 2017 ella se había involucrado con alguien quien creían tenía 24 años y se manifestaba en redes como “Fir in limbo”. Que el tiempo transcurrió y notaron cambios en la actitud de su amiga y compañera de escuela y que el consumo de estupefacientes era cada vez mayor en ella.
“Desde que comenzó a conocer a Fir dejó de lado su independencia y sus ideales desaparecieron”, remarca una de las testigos al respecto que solicitó protección personal para poder declarar, en su momento, ante la Justicia en la etapa de instrucción del expediente.
Los estudios sobre la salud mental de la adolescente -señalaron a la Justicia Federal- concluyeron que padece una “comorbilidad asociada al estrés postraumático (…) En el caso de ella era una situación de abuso del sujeto que era su pareja”.
Uno de los especialistas que la entrevistó detalló como ejemplo en sus informes: “Cuenta que estaba en la parada de colectivos yendo a encontrarse con él (victimario) y se angustia al darse cuenta de lo que estaba por hacer y lo resume: ‘Me di cuenta que estaba yendo al matadero’”.
Un psiquiatra detectó rasgos y síntomas del “Síndrome de Estocolmo Doméstico”. “Sí, se presentaron indicadores en ella, había oscilaciones entre momentos en que se reconocía como víctima y momentos en los que se identificaba con el agresor (…) aludía que él la amaba”.
Respecto a estas reacciones, se destaca en el expediente que cuando aún estaba la instrucción en el fuero provincial, en abril de 2018, la joven se presenta en el Juzgado de Instrucción 2 y se rectifica de lo declarado tras ser rescatada en diciembre. “Lo hice por presión parental, está todo exagerado, quiero dejar sin efecto la denuncia, no estoy de acuerdo con mis padres, ya soy mayor y quiero decidir por mí misma, quiero que se cierre la causa y quiero que se levante la restricción con él porque quiero volver a vivir con él. No quiero seguir más judicializada y con custodias policiales, todo esto lo debemos resolver en el marco familiar, privado y no me agrada que se haga público”.
Al expediente se sumaron otros testimonios, como el de una mujer que en 2003 conoció al acusado a través de una compañera de estudios de la carrera de Artes Visuales de una facultad privada de Posadas. Durante cuatro años aseguró que sufrió actos de violencia física y psicológica: “Golpes, patadas, ahorcamiento, escupitajos, quemaduras con aceite. Llegó a calentar aceite para tirármelo en las piernas”.
También indicó hechos en los que quedó encerrada en Posadas y en Aristóbulo del Valle. En uno logró escapar por una ventana. Que fue iniciada consumiendo marihuana y en poco tiempo comenzó a tomar todas las drogas mencionadas. “Yo no tenía dinero, dependía en todo momento de él (…) No podía salir o ver a otras personas que no sean él o su entorno”.
Los relatos de las víctimas coinciden en que fueron violadas por el acusado en muchas ocasiones y con el uso de las drogas y la fuerza.
Que fueron engañadas y sometidas física y psicológicamente por una relación asimétrica en todo sentido, un adulto sobre un menor de edad o una joven con mucha diferencia de edad con el encartado. El suministro de estupefacientes sin límites a las dos menores las llevó a situaciones límite en las que en el automóvil del imputado las llevó a Encarnación o al hospital Madariaga con un documento de una joven mayor de edad.
Las pericias coinciden en que “los abusos sexuales como los aquí cometidos no dejan huellas físicas sino psíquicas y en ellos son contestes los numerosos informes incorporados. Muestran parámetros generales de víctimas de violencia de género y que el fenómeno de la retractación configura un hecho de abuso ya que al identificarse con el agresor se olvida de sí misma y se hace cargo de las situaciones abusivas presentando el Síndrome de Estocolmo Doméstico”.
Como ejemplo se resalta que a la víctima de 2017: “La consideraba de su propiedad y se encontraba bajo su dominio físico y psíquico, acostumbrada y subordinada a esa condición, si quería estar con ella lo hacía y si quería sumar más personas a los abusos, lo hacía”.
Encuadre legal del encartado y la competencia federal ratificada
El acusado tiene 41 años, nació en Resistencia Chaco pero tiene crianza y residencia familiar en Aristóbulo del Valle. Está procesado desde noviembre de 2021 por decisión del juez federal de Posadas, José Luis Casals, con prisión preventiva que cumple internado en una clínica privada posadeña especializada en salud mental hace dos años.
Se lo acusa de “suministro de estupefacientes agravado por la minoridad de la víctima”(artículos 5 y 11 de la ley 23.737), “abuso sexual con acceso carnal agravado por el daño a la salud física, mental y la minoridad de la víctima, mediando una situación de violencia contra la mujer y asimilable a la reducción a la servidumbre sexual” (artículo 119 y 140 del Código Penal Argentino y la ley de 26.485) y “la entrega y suministro de sustancias estupefacientes, en concurso ideal con el abuso sexual con acceso carnal por dos vías de acceso agravado por el daño a la salud física y mental y la minoridad de las víctimas, mediando una situación de violencia contra la mujer y asimilable a la reducción a la servidumbre sexual”, los tres delitos “en concurso real”, artículo 55 del CPA.
Además de fijarle un embargo como medida patrimonial por 1.000.000 de pesos, el juez Casals ordenó que deberá seguir privado de la libertad “por la pena del delito en expectativa y el miedo que han referenciado tener los testigos de la causa lo que implica que su libertad puede obstaculizar la investigación”.
Vale aclarar que la competencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas para el debate quedó ratificada el viernes pasado, luego que rechazara “in limine” el último planteo del defensor del acusado, Francisco Oneto, de que la causa regresara el fuero penal provincial.
“No aparece una razón procesal mínima para reiniciar un nuevo circuito de discusión acerca de la competencia federal, y solamente puede entenderse como una maniobra dilatoria de la defensa para postergar el inicio del debate”, fue la respuesta del TOCF-Posadas.
Francisco Oneto, el abogado de Milei, Cositorto y Leopoldo Luque
Francisco Oneto, el abogado del acusado de drogar, abusar y reducir a la servidumbre sexual a mujeres y menores de edad, es bonaerense graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Según sus diferentes perfiles en medios digitales, desde 2013 encabeza el estudio jurídico “Francisco Oneto y Asociados” en CABA.
De especialidad, abogado criminalista, mantiene su presencia en medios de comunicación con frecuencia. Ganó notoriedad también en redes sociales con afirmaciones polémicas y discursos que soslayan la violencia.
Se presenta como aficionado a la práctica de tiro y promueve la libre portación de armas. Sube videos y fotos suyas practicando con diferentes armas y blancos. “Es un hobby para liberar estrés”, afirma.
El presidente Javier Milei, lo eligió en 2023 como candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA), fórmula que estuvo encabezada por Carolina Píparo y con quien compartía la promoción de la “mano dura” para los delincuentes y combatir la inseguridad modificando el Código Procesal Penal.
Pero Oneto a Píparo ya la conocía porque formó parte del equipo de defensa de su marido Juan Ignacio Buzali, acusado de la doble tentativa de homicidio de dos motociclistas en la noche de Año Nuevo de 2021, en La Plata.
En 2022 su estudio tuvo a cargo la defensa de Generación Zoe, la empresa liderada por Leonardo Cositorto, imputado por “asociación ilícita y múltiples estafas”.
Se ganó el apodo de “abogado Nivel Dios” por sus seguidores y por la forma en la que discute argumentos.
A lo largo de su carrera, Oneto representó a varios acusados en causas que generaron gran repercusión. Su popularidad creció en 2017 cuando defendió a Alejandro Biscardi, un joven investigado por correr picadas a 240 kilómetros por hora en Buenos Aires. “Un auto a 240 km/h no es un arma”, dijo en una entrevista, una frase que se viralizó y generó repudio.
Una de sus defensas más controvertidas fue la de Máximo Thomsen, uno de los rugbiers condenados a perpetua por el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.
Oneto asumió como abogado del joven con una postura desafiante, cuestionó la condena y aseguró que “los medios instalaron un relato falso para demonizar a los rugbiers”.
Oneto también fue abogado del empresario Federico Andrés Machado, alias “Fred”, detenido e investigado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Fue extraditado de ese país en 2022. A Machado se lo asoció con el “narcoavión” de los hermanos Juliá y con los vuelos que realizó el empresario kirchnerista Lázaro Báez para lavar dinero.
Los usuarios que lo cuestionan en redes sociales como X, lo tildan como “abogado homofóbico”, que va contra los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBQ+. “Los homosexuales deben ser curados”, fue uno de sus tuits más controversiales al respecto.
