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Salud Pública presentó un 37,89% más de presupuesto para el 2026

De más de un billón de pesos proyectados, el 23,2% es para el Ministerio, el 43,6% para el Parque de la Salud y el 33,3% restante es para la finalidad “otros”. No se habló de nuevas obras.

27 agosto, 2025
TIEMPOS DE CRISIS. La palabra clave del equipo de Salud Pública fue “mantener” servicios y sostener estructura.

TIEMPOS DE CRISIS. La palabra clave del equipo de Salud Pública fue “mantener” servicios y sostener estructura.

El Ministerio de Salud Pública presentó ayer el pedido de presupuesto para 2016 (un 37,89% más que en 2025) y dio cuenta del destino de la ejecución del 67,93% del de este año.

En total, se proyecta destinar para la finalidad salud el año próximo $1.009.979.707.000 (un billón nueve mil novecientos setenta y nueve millones setecientos siete mil pesos), $232.705.040.000 de los cuales serán para el Ministerio de Salud Pública, $440.531.207.000 para el Parque de la Salud y $336.743.460.000 para “otros”.

“En el presupuesto provincial, la asignación para la finalidad salud representa el 24,68% y esto demuestra la importancia que tiene la salud de la población para el Gobierno provincial”, indicó el ministro de Salud Pública, Héctor González, a PRIMERA EDICIÓN.

Señaló además que este aumento en el presupuesto tratará de garantizar la continuidad de los programas nacionales que están siendo desfinanciados por la Nación. “El aumento del 37,89% respecto al presupuesto de este año nos lleva a un montón de cuestiones que pasaron en este último tiempo, como los diferentes programas nacionales de los que se fue corriendo el Gobierno nacional y que tiene que absorber la Provincia, como las diálisis del Programa Incluir, donde hay 130 pacientes y los fondos que envía la Nación no alcanzan a cubrir el 5% de los costos”, indicó.

Recordó también otros programas nacionales de los que se hizo cargo la Provincia, como el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) o el Programa Nacional de Sanidad Escolar, ambos convertidos en provinciales.

González indicó que la Provincia también está cubriendo los vacíos que dejó la Nación en la provisión para garantizar la continuidad del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, y los medicamentos oncológicos.    

 

Aumentó mortalidad materna y la infantil 

Aunque los indicadores vitales de Misiones continúan por debajo del promedio nacional, la provincia registró el último año (2024) un aumento en la tasa de mortalidad materna (cada 10.000 nacidos vivos) que pasó de 3,13 en 2023 a 4,80 en 2024; y un leve aumento en la tasa de mortalidad infantil (cada 1.000 nacidos vivos) que pasó de 8,39 en 2023 a 8,81 en 2024. También subió la tasa de mortalidad posneonatal que pasó de 3,07 a 3,72. No obstante, bajó la tasa de mortalidad neonatal que pasó de 5,31 en 2023 a 5,1 en 2024.

 

Estructura de salud y más demanda 

En la actualidad, según recordó González, Misiones cuenta con 2.069 camas en el sector público de la salud en sus 51 hospitales (36 Nivel I, 4 Nivel II y 11 Nivel III). Solo en salud pública, hay doce Unidades de Terapia Intensiva y un total de 281 camas. En tanto, en el sector privado de la salud hay otras 1.749 camas.

El Ministro se refirió también al aumento registrado en el número de consultas médicas, tanto en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) como en los consultorios externos de los hospitales. Esta demanda en ascenso se registra hace cuatro años consecutivos, luego del 2021 en adelante. Solo entre el 2023 y el 2024 se hicieron 51.073 consultas más en hospitales y 50.509 en CAPS. “Este aumento puede darse por muchas razones, ya sea porque muchas personas se quedaron sin su cobertura social, aunque también estamos viendo que el misionero elige atenderse en el hospital, no solo por la cuestión edilicia y tecnológica, sino por la capacidad del recurso humano”, señaló.

Destacó que está en proceso de entrega un tomógrafo para el Hospital de Pediatría y 10 ambulancias (5 alta complejidad y 5 de baja complejidad) adquiridas con fondos propios. Sumándose las tres de baja complejidad entregadas este año.

 

Sistema de residencias 

González destacó la vigencia en Misiones de una ley provincial que regula el sistema de residencias de salud y anticipó que hay expectativas de cubrir el 100% de los cargos vacantes en este segundo llamado a residencias. 

En la actualidad, hay 395 residentes en formación, 115 de los cuales egresaron días atrás como especialistas pero la mayoría sigue trabajando en el sistema de salud.

“En el primer llamado teníamos 171 cargos a cubrir e ingresaron 135 residentes, en este segundo llamado tenemos 49 cargos a cubrir y 52 inscriptos; creemos que cubriremos la totalidad de los cargos”, indicó el funcionario.

 

El Instituto de Previsión Social: 84% más 

El presupuesto del Instituto de Previsión Social para el próximo año establece un incremento del 84% respecto del actual, que, faltando cuatro meses para terminar el año, lleva el 90% de ejecución. De aprobarse, el organismo contará el año que viene con un presupuesto de 667.672.157 pesos.

El presidente del IPS, Lisandro Benmaor, dio cuenta de la dimensión de servicios y alcance del Instituto: “Tenemos 224.000 afiliados a la obra social, 79 delegaciones, 4 policonsultorios, un centro pediátrico y de discapacidad infantil, 14 farmacias propias, 8 laboratorios propios, 2 gimnasios, un complejo recreativo, hoteles y albergues”, detalló.

UNIVERSO. La obra social provincial tiene 224.967 afiliados.

 

El 59% va a jubilaciones

En cuanto al destino de las erogaciones, Benmaor detalló que el 59% va a jubilaciones, el 37,51% a la obra social, el 3,32% a gastos de funcionamiento, el 0,06% al hotel propio, el 0,07% al seguro provincial de salud, el 0,03% a turismo social y el 0,01% restante a reforestación.

“Tenemos casi 30.000 jubilados y pensionados”, detalló.

En cuanto a la obra social, remarcó que casi el 50% de las erogaciones van al rubro farmacia. “El costo de farmacia aumentó muchísimo en los últimos años y esto preocupa no solo al IPS sino a todas las obras sociales del país porque acentúa la crisis del sector”, destacó.

Benmaor señaló que la cobertura sanitaria es un gran desafío con el avance tecnológico porque hoy hay muchas más prestaciones y tratamientos que son muy costosos, como “los estudios genéticos que no existían hace algunos años y ahora cada uno cuesta 5 millones de pesos. Lo mismo ocurre con los tratamientos de patologías genéticas  u oncológicas. En medicina aumentaron no solo los costos sino también los gastos”, remarcó.

Tags: Héctor GonzálezIPSLisandro BenmaorMisionesPresupuesto 2026Salud Pública
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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