El acceso al agua potable, un derecho esencial y hasta hace poco un gasto que no representaba grandes dificultades en los hogares de Posadas y Garupá, comenzó a convertirse en un problema de peso en la economía doméstica. La prestataria privada SAMSA viene aplicando aumentos de manera sostenida durante todo 2025, por encima de la inflación oficial que informa el Gobierno.
Según pudo confirmar PRIMERA EDICIÓN, la empresa aplicó en marzo un incremento del 8%, en abril del 7%, en mayo un 1%, en junio otro 7%, en julio nuevamente 7% y para el consumo de agosto un 6%. En total, el agua en el área metropolitana acumuló una suba que prácticamente duplicó el índice inflacionario que se registra en Misiones, donde las mediciones oficiales marcan porcentajes mensuales que van de la mitad a incluso menos que los ajustes tarifarios de la compañía.
La consecuencia inmediata de esta política de incrementos es que el agua pasó de ser un servicio fácil de afrontar en el presupuesto familiar a transformarse en una preocupación seria para los usuarios, especialmente en un escenario de salarios deprimidos, desempleo en alza y una recesión que golpea el bolsillo de los misioneros.
“Antes era un gasto menor, ahora cada mes viene más alto y no sabemos dónde va a parar”, señaló una vecina del barrio Itaembé Miní, reflejando el malestar que comienza a crecer entre los consumidores.
El argumento de la empresa
Desde la prestataria justifican las subas en que los costos de potabilización y distribución de agua crecieron de manera acelerada en los últimos años. Citan el encarecimiento de insumos químicos, repuestos de equipamiento y la necesidad de afrontar los salarios del personal. Sin embargo, SAMSA nunca presentó un informe público que detalle cuánto cuesta potabilizar y bombear cada litro de agua hasta los hogares, lo que alimenta una sensación de arbitrariedad y desinformación ante los ajustes.
De hecho, casi todos los días hay filas de personas refinanciando boletas adeudadas de varios meses o realizando convenios de pago para volver a contar con el servicio que fue cortado o se encuentra al borde del corte.
En la empresa remarcan que, al no alcanzar a cubrir los costos operativos, los aumentos resultan “inevitables”. Pero del otro lado, los usuarios no tienen parámetros claros para evaluar si lo que pagan está justificado o no.
El dato clave es que el Gobierno, a través del EPRAC, autoriza todos y cada uno de los incrementos.
Falta de referencias
La inflación desbocada de los últimos años en Argentina rompió casi todos los patrones de referencia. Mientras algunos servicios públicos permanecen congelados o con subas acotadas, otros se actualizan con mayor agresividad. En el caso del agua, no existen tarifas publicadas y actualizadas en la mayoría de las provincias, lo que dificulta realizar comparaciones que permitan saber con claridad si el costo en Misiones está dentro de un rango razonable.
La diferencia es notoria con la energía eléctrica, cuya tarifa sí se publica periódicamente y permite cotejar valores entre distintas jurisdicciones. En el caso del agua, la opacidad de la información deja a los usuarios sin herramientas de control ciudadano.
Contexto económico
El impacto del aumento en las boletas de agua se suma a un cuadro económico complejo. Misiones atraviesa, como el resto del país, un escenario de ajuste nacional, caída del consumo, recesión extendida y pérdida del poder adquisitivo de los salarios. En ese marco, cualquier incremento en los servicios esenciales se vuelve más sensible y genera tensión social.
En Posadas y Garupá, donde miles de familias dependen de changas, trabajos informales o ingresos por debajo de la línea de pobreza, el agua ya no figura como un gasto marginal sino como una cuenta que comienza a inquietar. La tendencia ascendente de los últimos meses, con ajustes mensuales consecutivos, refuerza la percepción de que el servicio se encarece sin una justificación clara ni un horizonte de estabilidad.
Los consumidores reclaman desde hace tiempo mayor transparencia en la política tarifaria de SAMSA y la necesidad de que se publiquen informes periódicos que permitan a la ciudadanía conocer los costos reales del servicio. La ausencia de esa información deja un vacío que se traduce en desconfianza y malestar social.
