El transporte urbano de pasajeros en varias ciudades de Misiones atraviesa una etapa crítica. En Eldorado y Montecarlo, los conflictos entre empresas, municipios y concejos deliberantes escalaron en tensión, mientras el servicio se deteriora y las frecuencias disminuyen. En el centro del problema hay una realidad ineludible: los usuarios son las principales víctimas de una cadena de conflictos.
Empresas que reclaman por tarifas que consideran insostenibles, municipios que buscan poner orden mediante sanciones o regulaciones y concejales que se enfrentan entre sí por el control político del sistema, forman un escenario de disputa. A todo esto se suma un factor determinante: la decisión del Gobierno nacional de eliminar el subsidio al interior del país, generando aumentos tarifarios, desfinanciamiento y presión sobre las prestatarias. La falta de articulación entre los distintos niveles de gobierno y el colapso de los esquemas de subsidios han dejado a los municipios expuestos. En Eldorado y Montecarlo, los casos más notorios de las últimas semanas, todo se entrecruza en un escenario de alta conflictividad.
Eldorado en disputa
En Eldorado, se conoció esta semana que las familias Tiemesmann y Arenhard, antiguos propietarios del servicio, iniciaron acciones judiciales contra la empresa Kenia, actual concesionaria del transporte urbano.
Según explicó el abogado Carlos Kozik, el reclamo se basa en deudas impagas y ocupación ilegítima de inmuebles usados por la firma. La demanda busca directamente el desalojo judicial de Kenia.
Kozik denunció también un contexto de “maltrato y hostilidad” por parte de la empresa y advirtió sobre fallas en la debida diligencia durante la compra.
En paralelo, el Concejo Deliberante de Eldorado aprobó una ordenanza que formaliza recorridos, horarios y frecuencias de las líneas existentes, otorgando una herramienta legal al municipio para poder exigir cumplimiento o aplicar sanciones.
Según el concejal opositor Sebastián Tiozzo, la norma “actualiza un sistema que venía funcionando sin respaldo legal” y permitirá evitar que la empresa reduzca servicios sin consecuencias. “El malestar de la gente fue enorme, y lo que hicimos fue dar una herramienta al Ejecutivo para que ahora sí pueda controlar y sancionar”, señaló.
Sin embargo, la concejal oficialista María Cristina Bandera votó en contra y calificó la sesión como “un show para la sociedad”. Aseguró que el Ejecutivo ya contaba con herramientas legales suficientes y apuntó que “hace mucho tiempo que ustedes, los medios, vienen diciendo por qué el Ejecutivo no hace que se cumplan los recorridos”, afirmó.
A pesar de las diferencias internas, el Concejo avanzará en la licitación del servicio, prevista para el 13 de agosto. Uno de los puntos sensibles será la situación laboral de los empleados actuales, donde se discute si la futura prestataria deberá absorberlos.
Bandera, por su parte, insistió en que la verdadera solución está en un nuevo pliego que garantice reglas claras y continuidad laboral.
Montecarlo con recortes
En Montecarlo, la situación no es muy distinta. La empresa encargada del servicio urbano suspendió varias frecuencias en zonas de colonias, generando un fuerte reclamo del Concejo Deliberante, que intimó a la firma a restituir los recorridos en un plazo de 24 horas, bajo amenaza de sanción por incumplimiento de la Ordenanza XVI, Artículo 47.
La empresa respondió alegando una crisis financiera severa y solicitó la actualización urgente del boleto urbano, que consideran desfasado respecto a los costos reales. Aun así, desde la prestataria señalaron su disposición al diálogo con los concejales, para evitar una escalada mayor y buscar un “acuerdo por el bien de la comunidad”.
El conflicto revela el mismo patrón que en Eldorado: una tarifa que la empresa considera inviable, un Concejo que busca aplicar sanciones y un servicio que se recorta, afectando principalmente a usuarios de zonas rurales que dependen del transporte público para acceder a centros urbanos, escuelas y hospitales.
Perjudicados
El común denominador en ambos municipios es claro: la falta de transporte castiga a quienes menos pueden elegir. El colectivo urbano sigue siendo un servicio esencial en la vida cotidiana de miles de personas y su deterioro progresivo por desinversión estatal y conflictos empresariales está profundizando las desigualdades. Ni los concejos deliberantes divididos, ni los ejecutivos municipales reactivos, ni las empresas enfocadas en rentabilidad, ni un Estado nacional ausente en materia de subsidios logran dar respuesta al problema.
