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Renunció el presidente del Senasa tras la guerra por la importación de la vacuna antiaftosa

Pablo Cortese, presidente del Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (Senasa), presentó su renuncia tras menos de ocho meses en el cargo,

29 julio, 2025

Pablo Cortese, presidente del Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (Senasa), presentó su renuncia tras menos de ocho meses en el cargo, en el contexto de al disputa desatada por la importación de la vacuna contra la fiebre aftosa.

Si bien se adujo “motivos personales”, en el entorno la pulseada por las vacunas importadas pesaba como explicación de la renuncia. La controversia se originó cuando, bajo la gestión de Cortese, Senasa facilitó la importación de productos veterinarios, una política impulsada por el gobierno de Javier Milei para reducir los costos en el sector agropecuario. Esta decisión provocó el rechazo de los laboratorios nacionales, que consideraron amenazada su posición en el mercado.

La tensión escaló cuando uno de los laboratorios más grandes del país envió una carta documento a Senasa por un lote de vacunas importado por una empresa competidora. Aunque Cortese calificó la acusación como “totalmente improcedente”, la polémica ya había tomado estado público.

El respaldo explícito de Javier Milei y del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger a la apertura del mercado profundizó el aislamiento del funcionario.

Durante la Expo Rural, Milei afirmó: “Vamos a tener vacunas a mitad de precio”, mientras Sturzenegger sostuvo: “Nos están estafando”.

La Cámara Argentina de la Industria de Productos Veterinarios(Caprove) advirtió que la liberalización de las importaciones pone en riesgo a una industria que emplea a más de 8.000 personas y exporta por más de 100 millones de dólares anuales.

Cortese, de perfil técnico y bajo perfil público, optó por dejar su puesto en un organismo considerado estratégico en medio de una disputa política, sanitaria y comercial.

 

Carta documento e intimación

En el marco de esta disputa, Cortese (junto al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca Sergio Iraeta) recibieron en estas semanas una carta documento y una intimación de parte de Biogénesis Bagó, laboratorio socio de la Cámara Argentina de la Industria de Productos Veterinarios (Caprove), en la cual se lo exhorta a dar información por la importación de vacunas contra la aftosa, que aparentemente se habría realizado por fuera de los marcos legales.

El documento en cuestión, fechado el pasado 7 de julio y firmado por Luis Mario Genovesi, el apoderado de Biogénesis Bagó, le solicitó al organismo sanitario que brinde detalles sobre el ingreso al país de un cargamento sospechoso, que de acuerdo con ese laboratorio se trató de un lote de vacunas que su competidor, Tecnovax, importó sin los controles correspondientes.

Además, desde Caprove señalaron que lo que se está desarrollando no es una flexibilización, sino una “facilitación a la importación”, en la que se favorece a empresarios puntuales en detrimento del resto de la industria, y que este cambio en las reglas del juego “tendrá consecuencias directas sobre un sector que emplea más de 8.000 personas de forma directa y genera exportaciones por más de 108 millones de dólares al año”.

 

 

Fuente: medios digitales.

Tags: ImportaciónPablo CorteseProductos veterinariosRenunciaSenasaVacuna Antiaftosa
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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