Con la debida argumentación que se llevó adelante mediante “un proceso viciado por corrupción”, la Asociación Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (ATE Capital) impulsó una “acción judicial colectiva” para “frenar” los efectos de la Ley Bases sobre el empleo público.
Como resultado, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11 dio lugar a la presentación y ordenó al Poder Ejecutivo Nacional que, “en un plazo de cinco días”, brinde explicaciones sobre las condiciones en que se sancionó la Ley 27.742.
“La resolución judicial reconoce que existen serias sospechas sobre la legalidad del trámite legislativo que dio origen a la norma, especialmente en relación con el voto clave del entonces senador Edgardo Kueider, quien fue detenido posteriormente con una suma de dólares no declarados y hoy enfrenta causas penales por presunto cohecho”, indicaron desde ATE Capital mediante un comunicado.
En la misma línea, aseguraron que ese voto, que generó el empate para que la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, definiera la votación, “fue resultado de hechos de corrupción de público conocimiento”, y que, por lo tanto, “debe considerarse nulo de nulidad absoluta”.
El fallo firmado por el juez Diego Martín Cormick reconoce la “legitimidad de la acción colectiva impulsada” por ATE Capital y sugiere que los hechos denunciados “presentan verosimilitud en el derecho invocado”: “Es evidente que existe un vicio en la formación y sanción de la Ley 27.742”, sostiene dicho fallo, al que tuvo acceso la agencia NA.
“Estamos ante una ley sancionada en condiciones espurias. No se trata solo de una reforma regresiva para el empleo público: es una ley nacida de un procedimiento viciado y fraudulento. El Poder Judicial debe actuar y garantizar el Estado de derecho”, expresaron desde ATE Capital.
