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Misiones produce cinco veces más hoja de yerba que Corrientes

La tierra colorada tiene el 88% de la superficie cultivada y concentra el 85% del ingreso de hoja verde a los secaderos. El distrito vecino, con apenas el 12% del cultivo, está lejos del epicentro productivo y por eso el impacto de la desregulación yerbatera afecta casi exclusivamente a los misioneros. Un repaso por los números y la crisis en marcha.

12 julio, 2025

En el escenario actual de crisis para el sector yerbatero, los datos oficiales del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) permiten dimensionar con precisión quién produce más, quién recibe menos y quién sufre las consecuencias de la desregulación y caída del precio. La provincia de Misiones, con 202.540 hectáreas cultivadas, concentra el 88% de la superficie total de yerba mate en el país. Corrientes, en cambio, apenas llega a 27.715 hectáreas, lo que representa un modesto 12%.

Pero el dato más contundente aparece cuando se compara el ingreso de hoja verde a los secaderos: entre enero y mayo, Misiones aportó 310,8 millones de kilos, mientras que Corrientes solo ingresó 64 millones. Es decir, Misiones produce casi cinco veces más hoja verde que Corrientes. La brecha es tan amplia que solo el departamento de Oberá, con más de 25.700 hectáreas de cultivo, iguala casi toda la producción correntina.

Pero esta ventaja no se expresa en la producción industrial ya que Corrientes con dos grandes molinos concentra el 40% de los paquetes, mientras que todas las empresas misioneras no se acercan a ese porcentaje. Pero la cantidad de yerba que produce Misiones revela que las industrias correntinas dependen y se abastecen de yerba misionera para dominar el rubro. Sin la materia prima local, no tendrían forma de producir esos volúmenes.

 

Ranking de municipios

El peso productivo de Misiones está muy distribuido, pero hay zonas con especial protagonismo. De los 17 departamentos productivos, los más destacados por superficie cultivada son: Oberá: 25.752 hectáreas; Cainguás 22.169 ha; Gral. Manuel Belgrano: 19.560  ha; San Ignacio 18.930 ha; Apóstoles 18.313 ha; Guaraní: 18.091 ha; San Pedro: 17.277 ha; Lib. Gral. San Martín: 12.194 ha; Concepción 8.065 ha; Montecarlo 7.621 ha; Iguazú 7.416 ha; 25 de Mayo 6.468 ha; Leandro N. Alem 6.164 ha; Eldorado 5.482 ha; Capital 4.341 ha; San Javier 3.698 ha; Candelaria: 990 ha.

En Corrientes, las únicas zonas productivas son Santo Tomé, con 17.799 hectáreas, e Ituzaingó, con 9.917 hectáreas. La suma de ambas alcanza a una superficie similar de un solo departamento misionero como Cainguás o San Ignacio.

 

La desregulación yerbatera

Desde que el Gobierno nacional decidió desregular el mercado de la yerba mate y limitar severamente el rol del INYM, los precios de la hoja verde cayeron a niveles que ya no cubren los costos de producción. Hoy, en muchos secaderos de Misiones se paga por debajo de los 200 pesos el kilo, en una cadena de valor desbalanceada que favorece a las grandes industrias y castiga al eslabón primario.

Este escenario afecta con más fuerza a Misiones, no solo por su abrumadora participación en la producción, sino también por la densidad económica y social que tiene el cultivo de yerba en la provincia. Se estima que 14.000 productores están directamente perjudicados. Pero el impacto trasciende al colono: golpea a los tareferos, cooperativas, secaderos, transportistas, comerciantes de pueblos rurales, estaciones de servicio, y hasta al sistema de salud y educación pública que depende del movimiento económico regional.

Los departamentos con mayor superficie cultivada -Oberá, Cainguás, Guaraní, San Ignacio y Apóstoles- están entre los más perjudicados. En esas zonas, la yerba mate no es un producto más: es el motor que sostiene a la economía local.

 

Un freno a la economía 

En los pueblos yerbateros de Misiones, ya se siente el freno. Los ingresos se achicaron, las changas se redujeron, las compras en los almacenes se hicieron esporádicas. La parálisis del sector yerbatero no es solo un problema del agro: es una crisis económica en toda regla.

Con un Estado nacional que se retiró de su rol regulador y sin políticas de protección o asistencia, Misiones queda sola frente a una crisis que no generó, pero que sufre de forma desproporcionada. La asimetría productiva con Corrientes, tan marcada en las estadísticas, ahora también se refleja en la asimetría del daño.

 

Tags: #ProducciónCorrientesCrisisdesregulaciónINYMMisionesYerba Mate
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Desde la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales de Misiones salieron a advertir que, si bien la demanda de viajeros se mantiene, las reservas se desvían al alojamiento ilegal. Exigen fiscalización urgente y preparan una presentación legal.
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Con índice extremo de peligrosidad, organismos provinciales coordinaron acciones de prevención y respuesta, definieron una agenda de trabajo desde febrero y solicitaron un informe a Nación para reforzar el abordaje integral frente al riesgo de incendios.
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Mecánicos de distintas especialidades señalan que la situación económica obliga a priorizar reparaciones, mientras crecen las revisiones previas al verano y persisten daños antiguos, como los provocados por la gran granizada.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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