Una familia palestina de cinco integrantes fue deportada de Argentina y denunciaron que permanecieron más de 24 horas retenida en el aeropuerto de Ezeiza. A pesar de contar con visas emitidas por la embajada argentina en Tel Aviv, reservas hoteleras, seguro médico y pasajes de regreso, las autoridades de Migraciones les impidieron el ingreso y pasaron por un mal momento, según relataron.
El grupo familiar, de apellido Abu Farha y dedicado al turismo religioso en Tierra Santa, había viajado a la Argentina por invitación de un colega argentino con el objetivo de fortalecer la cooperación profesional y expandir negocios en el sector turístico. “El propósito de nuestro viaje a Argentina era reunirnos con socios profesionales y expandir la cooperación con agencias de turismo religioso”, señalaron en su denuncia penal.
Antes de arribar a Argentina, la familia atravesó varios controles y países debido al conflicto en Medio Oriente. Fueron demorados por autoridades israelíes cerca de Belén, lo que retrasó su itinerario. Finalmente, tras pasar por Jordania, Turquía y Brasil, llegaron a Ezeiza el 16 de junio por la noche.
A su llegada, presentaron toda la documentación requerida y cumplieron con los procedimientos migratorios. Sin embargo, fueron llevados a una zona restringida y se les pidió firmar documentos en español, sin traducción ni explicación clara. “Pedimos traducción, pero nos dijeron que solo era un formulario para llevarnos a un lugar más cómodo. Nos aseguraron que no tenía relación con una negativa de ingreso, por lo que firmamos”, contaron.
La familia denunció que, tras firmar esos papeles, les confiscaron los pasaportes y les negaron necesidades básicas como dormir, alimentarse, comunicarse y acceder a asistencia legal. “Esa firma marcó el inicio de una pesadilla de más de 24 horas. No fuimos tratados como seres humanos, sino como amenazas o criminales sin derechos ni dignidad”, detallaron en su denuncia.
Durante la retención, ni siquiera la intervención del embajador palestino ni la presentación de un Hábeas Corpus por parte del abogado Uriel Biondi lograron revertir la situación. El recurso judicial fue rechazado y la familia permaneció incomunicada y sin acceso a intérprete ni asesoría legal.
El personal de Migraciones, según la denuncia, cambió reiteradamente su versión sobre el motivo de la retención y, pese a la documentación en regla, les impidió abandonar el aeropuerto. Finalmente, fueron obligados a abordar un vuelo a Estambul, donde de nuevo vivieron un trato un poco agresivo por haber sido deportados.
En su denuncia, la familia acusó a las autoridades argentinas de “deportación ilegal y trato inhumano”, señalando que se les engañó para firmar un documento de deportación sin comprenderlo, se les negó asesoría legal y se vulneraron derechos constitucionales e internacionales. Además, reportaron pérdidas económicas y daños a su reputación profesional.
Fuente: Tiempo Argentino
