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Revelan desmonte sin pausa en Misiones: bosques más chicos y fragmentados

En la Selva Paranaense habita más de la mitad de las especies de Argentina. Un estudio de la Facultad de Agronomía mostró que en 30 años se perdieron 130 mil hectáreas de bosque y que sus remanentes se achicaron y aislaron.

28 junio, 2025
RETROCESO. La falta de presupuesto, personal y recursos, impide controlar para evitar el avance agrícola.

RETROCESO. La falta de presupuesto, personal y recursos, impide controlar para evitar el avance agrícola.

Aunque Misiones se presenta al país como una provincia “verde” y ejemplo en políticas ambientales, la realidad de su selva nativa parece alejarse cada vez más de esa premisa. Una reciente investigación desarrollada en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) reveló datos alarmantes sobre el deterioro de la Selva Paranaense, uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta.

El estudio, elaborado por el egresado e investigador Luis Sangel Polo Perdomo, analizó el impacto de la deforestación y la fragmentación en los últimos 30 años dentro del Corredor Verde misionero. Según los resultados, entre 1990 y 2020 se perdieron unas 130 mil hectáreas de bosque nativo en la zona, lo que equivale al 13% del área original que se buscaba conservar.

“La superficie de bosque que quedó se dividió en fragmentos más pequeños y aislados”, explicó Polo Perdomo. El tamaño promedio de cada parche forestal bajó de 285 a 215 hectáreas, mientras que la distancia entre ellos se multiplicó de 94 a 246 metros. “Esto perjudica la migración de especies, la dispersión de semillas y abre la puerta a especies invasoras”, dijo el especialista.

El fenómeno no es homogéneo en toda la provincia. El área más golpeada se ubica en el departamento de San Pedro, entre Dos Hermanas y Pozo Azul, donde el avance sobre la selva fue particularmente agresivo a ambos lados de la ruta que conecta con Eldorado. Para Polo Perdomo, esa región “amerita atención urgente”.

 

El espejismo del Corredor Verde

La creación del Corredor Verde en el año 2000 fue una de las políticas más celebradas en Misiones. El objetivo era conservar y conectar las áreas protegidas existentes para fortalecer la resiliencia de la selva frente al avance del modelo agropecuario.

Pero los datos satelitales demuestran que, lejos de contener el desmonte, la pérdida de bosque continuó casi sin pausa.

“La fragmentación volvió más hostil el paisaje para la biodiversidad”, indicó el informe. La continuidad ecológica se ve cada vez más interrumpida por chacras, caminos, líneas eléctricas, loteos y urbanizaciones que no respetan criterios ambientales. A eso se suma una alarmante pérdida de capacidad estatal para controlar y gestionar el territorio.

En la última década, la gestión ambiental en Misiones se debilitó visiblemente. El presupuesto del Ministerio de Ecología cayó en términos reales, se redujo la inversión en conservación, faltan guardaparques y los controles forestales son cada vez más esporádicos o simbólicos. En el terreno, la presencia estatal se diluye.

 

La Ley de Bosques ¿sirvió?

En 2007, con la sanción de la Ley Nacional de Bosques Nativos, se implementó un sistema de ordenamiento territorial que clasifica los bosques en tres categorías: rojo (de alto valor de conservación), amarillo (aprovechamiento sostenible) y verde (de bajo valor, sujetos a transformación).

Según el estudio, esta herramienta tuvo un impacto positivo, aunque limitado y discontinuo. “Entre 2010 y 2015, luego del ordenamiento realizado por Misiones en 2010, se dio la tasa de desmonte más baja de los últimos 30 años. Pero después de 2015, la tasa volvió a dispararse”, señaló Polo Perdomo.

La fragmentación se mantuvo baja en las zonas catalogadas como rojas, pero aumentó significativamente en las amarillas y fue crítica en las verdes. El investigador fue claro: “El ordenamiento solo no alcanza. Se necesita restauración activa, monitoreo permanente y gestión participativa para que la ley tenga efectos reales”.

Tags: desforestaciónEcologíaFacultad de AgronomíafaubaLuis Sangel Polo PerdomoMedioambienteMisionesSelva ParanaenseUniversidad de Buenos Aires
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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