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Simplifican los requisitos para la importación y fabricación de pilas y baterías

El Gobierno nacional permitirá la validación de certificaciones extranjeras, reduciendo costos y tiempos para empresas, indica el decreto 431/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial.

26 junio, 2025

El Gobierno Nacional oficializó hoy un cambio clave en el régimen de control y certificación para la fabricación, ensamblado e importación de pilas y baterías.

Mediante el decreto 431/2025, publicado en el Boletín Oficial, se modificó la Ley 26.184 para permitir que las certificaciones técnicas extranjeras sean reconocidas en el país, sin necesidad de una validación adicional por parte de entidades locales.

La medida, que apunta a reducir trabas burocráticas y costos para importadores y fabricantes, representa un giro en la política de control estatal sobre este tipo de productos, al admitir ensayos técnicos internacionales como válidos para acreditar el cumplimiento de los requisitos de seguridad y protección ambiental.

El nuevo esquema contempla que, hasta tanto las autoridades de aplicación establezcan formalmente los nuevos procedimientos de evaluación, se seguirá utilizando el mecanismo vigente.

Además, se derogó el artículo 8° de la Ley original, que establecía sanciones en caso de incumplimiento, aunque se prevé que nuevas disposiciones regulatorias al respecto.

 

Fin a la obligatoriedad de certificación nacional

Hasta ahora, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) era el organismo encargado de otorgar la certificación de calidad exigida por ley. Sin embargo, con la nueva normativa, esa exclusividad se elimina. Serán las nuevas autoridades de aplicación —la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, y la Secretaría de Industria y Comercio— quienes definan los procedimientos técnicos que permitirán reconocer las certificaciones extranjeras.

Desde el Poder Ejecutivo justificaron la modificación al señalar que la exigencia de una certificación local “constituía una barrera al comercio internacional”, generando duplicación de requisitos, sobrecostos y demoras que perjudicaban tanto a la industria como a los consumidores.

Además, remarcaron que “la menor injerencia del Estado en esta actividad mantiene la protección del ambiente y la salud pública”, pero favorece la competitividad, la incorporación de nuevas tecnologías y “la libertad de elección en el mercado”.

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Tags: Certificaciones extranjerasImportaciónPilas y bateríasSimplificación de trámites
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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