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Fiscal pidió 35 años de prisión para Jonatan Sosa por el homicidio de Escarvadofski

David Milicich solicitó condena también por tentativa de femicidio para el acusado, ya que la sobreviviente “lo reconoció y hasta forcejeó con él”. El imputado enfatizó: “Tienen acusada a la persona equivocada”.

26 junio, 2025
HABLÓ. El acusado argumentó que lo llevaron engañado a Alem y tras la rueda de reconocimiento lo detuvieron.

HABLÓ. El acusado argumentó que lo llevaron engañado a Alem y tras la rueda de reconocimiento lo detuvieron.

Con la presentación de los últimos testigos y los alegatos de las partes,  se cerró la segunda jornada del debate por el crimen del productor Lisardo Escarvadofski (76) y las lesiones graves que sufrió su esposa tras el ataque a tiros de dos sospechosos. Mañana se conocería la sentencia.

Entre los datos más relevantes de la jornada se puede resaltar el pedido de 35 años de prisión solicitado por el fiscal y el pedido de absolución de parte del defensor del imputado.

Jonatan Sosa (35) pidió hablar luego de que pasara el último testigo. Dijo “yo no soy un asesino”, “no soy un delincuente”, “tienen a la persona equivocada”. 

Dio el nombre y las características de dos sospechosos. Cuando desde el Tribunal le preguntaron si podía reconocer a alguno de ellos en una fotografía, le exhibieron una imagen que se encontraba en el expediente. Y dijo: “Se comenta que fueron ellos los autores, por una carga de cigarros que Escarvadofski perdió”. 

Respecto al día del hecho, el 4 de abril de 2017, Sosa dijo que ese día largó la jornada como remisero en San Javier alrededor de las 16.30. “Le entregué el auto a mi padre que hacía el turno noche”. Fue a su casa donde se encontraba un hombre (testigo) que en aquel momento vivía con ellos. A los pocos minutos llegó un amigo y fueron a beber cerveza en la esquina, cuando llegó un patrullero.

“Me acerco y me comentan que buscaban a mi padre porque se había llevado a una menor. Lo llamé y le aviso. Él volvió y se presentó en la comisaría”. 

Luego mencionó que “en septiembre de 2018, me detuvieron en mi casa (Verónica, partido de Punta Indio, provincia de Buenos Aires) y me trajeron para acá. Me llevaron a la comisaría de Cerro Azul. Vino un policía, me sacó de la celda y me empezó a sacar fotos. El lunes me llevaron al Juzgado de Instrucción 5 de Alem, donde me hicieron firmar una libertad por una causa por lesiones. Pregunté por qué me trajeron desde Buenos Aires para eso, cuando me podían haber notificado allá. Ya me iba y el secretario del juzgado me dijo que me quedara porque necesitaban a uno para una rueda de reconocimiento. Entré y había tres del Ejército, de San Javier. Cuando terminó la rueda, dije me voy, y me dijeron que no, que iba quedar detenido por sospecha de homicidio. Yo no estaba con ningún defensor, fui hostigado por el secretario”, afirmó Sosa.

“Me llevaron a la comisaría de San Javier. Al rato se paró frente a la celda un policía que me miraba. Me dijeron que era el nieto de Escarvadofski”. 

“Después me llevaron a una pieza y me pegaron diciéndome que me hiciera cargo del homicidio. Luego me llevaron a la comisaría de Itacaruaré. A los dos días no aguantaba más como había quedado de los golpes y me internaron”.

Recordó luego que cuando lo traían a Misiones, “un policía de investigaciones sobrino de la jueza Zuetta me sacaba fotos. Ese policía fue a la comisaría a amenazarme que me hiciera cargo de lo que se me acusa. Lamento lo que le pasó  al hombre y a su señora pero mientras yo estoy detenido los verdaderos asesinos están de joda”.

Seguidamente el fiscal David Milicich le preguntó: “Ese 4 de abril, ¿cómo explica usted que su celular impactó en la antena en la zona de Paraje Santa Irene (lugar del crimen) y luego en Cuatro Bocas (lugar donde fue hallado el Chevrolet Corsa de Lisardo Escarvadofski) en los horarios del homicidio?”. Sosa respondió que el celular estaba todo el tiempo dentro del remís. “Esa tarde mi papá salió con el móvil, por eso impactó en la zona de Cuatro Bocas”. 

“¿Y paraje Santa Irene?” le preguntó Milicich  – “No, ahí no llega”, respondió.

Ya en su alegato, el fiscal dijo que Jonatan Sosa era el autor del crimen, porque Orestina Cerri lo “reconoció y hasta forcejeó con él”. Aunque “se puede presumir que buscaban al hijo de Lisardo”. Respecto a este punto, previamente había declarado la nuera de la víctima quien dijo “se comentaba que mi cuñado estaba involucrado con el tema de cigarrillos y que su papá no estaba de acuerdo con esa actividad”.

Y siguió el fiscal, por eso la señora declaró que le preguntaron “¿dónde está tu hijo” y “oyó una tonada porteña: “¿Cuánta gente así  vamos a encontrar en San Javier?” Luego citó los informes de la SAIC, respecto a la geolocalización del celular.

 

Defensa

Por su parte el defensor José Luis García, dijo que Cerri entró en contradicciones, pero no quiso revictimizarla cuando declaró.

“El fiscal alega que si no hubiera sido por el peón que ayudó a la señora Cerri ella no estaría viva, pero omite a Zunilda Correa que estuvo ahí, fue testigo ocular, la ayudó y que no fue ubicada para que se presentara. Ella  tampoco estuvo en la rueda de reconocimiento” donde señalaron a Sosa.

“El imputado recién aparece en escena cuando Cerri dice haberlo visto en la exterminal de San Javier en mayo de 2018. En esa época hubiera sido imposible que lo hubiera visto porque Sosa estaba en Verónica. Por otro lado hay un error garrafal respecto a la geolocalización del celular, porque la distancia de alcance de la antena de Itacaruaré llega a los 14 km de rango (que incluye Santa Irene). Mi defendido no estaba en San Javier cuando fue reconocido, no estaba en el lugar del crimen”, cerró.

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Tags: #JudicialesDavid MilicichHomicidioJonatan SosaLisardo EscarvadofskiMisionesSan Javier
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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