Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación propone la disolución del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), organismo creado en 2002 para regular la actividad yerbatera, y la transferencia de sus funciones y recursos a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dependiente del Ministerio de Economía. La iniciativa, impulsada por un grupo de legisladores encabezado por la diputada Sofía Brambilla, contempla además la creación de un “Fondo de la Yerba Mate” para ser distribuido entre los actores de la cadena productiva.
El texto del proyecto, identificado como expediente 3161-D-2025, establece en su artículo 1 la disolución del INYM, considerado un ente de derecho público no estatal. En los fundamentos, los autores argumentan que tras más de dos décadas de funcionamiento, el instituto no logró consolidarse como un organismo eficaz, y que su accionar se vio atravesado por “resoluciones contradictorias”, “ineficiencia administrativa” y una “superposición con organismos como SENASA y ANMAT”.
Según los legisladores firmantes, esta situación derivó en “inseguridad jurídica, litigiosidad y costos innecesarios para el sector productivo”, al tiempo que generó un creciente malestar entre productores, industriales y exportadores. “Con esta iniciativa se busca dar respuesta a un reclamo concreto de los actores del sector, que ven en la actual institucionalidad un freno al crecimiento y la competitividad”, sostiene el documento.
“El INYM funcionó durante más de 20 años como una estructura burocrática que ahogó al sector con regulaciones innecesarias, superposición de funciones y costos que nunca se tradujeron en beneficios concretos”, afirmó Brambilla
El proyecto prevé que todos los recursos materiales y financieros del INYM pasen a la órbita de la Secretaría de Agricultura, que además será la responsable de asumir los compromisos y obligaciones pendientes del organismo hasta su liquidación total. También se faculta a la Secretaría a designar un liquidador y a establecer las pautas de su actuación.
Como contrapartida, la propuesta crea un “Fondo de la Yerba Mate”, que estará compuesto exclusivamente por los fondos remanentes tras la disolución del instituto. Este fondo deberá ser administrado por la misma Secretaría y será distribuido entre los sujetos intervinientes de la cadena de producción de yerba mate, “conforme a las condiciones y criterios” que defina el organismo. Una vez cumplida su finalidad, el fondo será dado por disuelto.
En el plano normativo, el proyecto contempla la derogación de la Ley Nº 25.564 —que dio origen al INYM—, su decreto reglamentario Nº 1240/2002 y todas las normas dictadas en consecuencia. Además, el Poder Ejecutivo Nacional será facultado para definir la autoridad de aplicación de la ley, una vez promulgada. El plazo para la reglamentación se establece en un máximo de 120 días.
Los impulsores de la propuesta consideran que la creación del fondo representa una forma de resarcimiento para los integrantes de la cadena yerbatera, a quienes, según afirman, durante años “se les quitó sin beneficio específico” recursos que debieron haber sido canalizados en mejoras concretas para el sector.
El proyecto lleva las firmas, además de Brambilla, de los diputados Damián Arabia, Gerardo Milman, Sergio Capozzi, Karina Bachey, José Núñez, Aníbal Tortoriello, Germana Figueroa Casas, Alejandro Bongiovanni, María Inés Quiróz, Martín Ardohain, Ana Clara Romero, Nancy Ballejos, Paula Omodeo y Beltrán Benedit.
