La Superintendencia de Servicios de Salud llevó a cabo la clausura de una obra social tras detectar varias irregularidades en su funcionamiento. Se trata de la Obra Social del Personal Aduanero de la República Argentina (OSPAD), que presentó múltiples fallas según auditorías realizadas por el organismo. Esta fue la primera clausura realizada durante la presidencia de Javier Milei.
El cierre se formalizó este martes mediante una publicación en el Boletín Oficial, donde se ordenó la exclusión de la OSPAD del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS), que agrupa a las obras sociales nacionales y otros agentes del sistema de salud.
Desde el Gobierno indicaron que la OSPAD no tuvo actividad desde su inscripción, no contaba con afiliados ni brindaba servicios médicos o asistenciales. Además, destacaron que su estructura era tan débil que no se encontraron imágenes ni registros en internet.
Además de la OSPAD, la Superintendencia declaró en estado crítico a la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio Ledesma, que deberá presentar un plan para superar esta situación. Si no lo logra, enfrentará un proceso de liquidación similar.
En contraste, la Obra Social de Trabajadores del Petróleo y Gas Privado del Chubut logró superar su crisis y presentó resultados positivos en sus balances, según informó la Superintendencia.
Durante la gestión actual, la Superintendencia intervino ocho obras sociales y declaró en crisis a otras once. La disolución de la OSPAD es la primera liquidación formal en este período.
El Gobierno afirmó que todas las entidades del sistema deben mantener sus cuentas en orden y ofrecer servicios de calidad. Aquellas que no cumplan serán liquidadas, con el fin de garantizar que los afiliados puedan elegir libremente cómo cuidar su salud.
Entre las medidas adoptadas, se reformuló el cálculo del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), ajustando los subsidios según la cantidad real de afiliados. Esto redujo recursos para entidades con menos de 5.000 beneficiarios y favoreció a las obras sociales con mayor número de afiliados.
El plan a seguir incluye continuar con auditorías rigurosas para eliminar estructuras ficticias que solo “buscan recibir subsidios sin prestar servicios reales”. El objetivo es reordenar el sistema, promover la competencia libre y asegurar que los beneficiarios tengan acceso a prestaciones de calidad.
Fuente: Ámbito Financiero
