En una decisión de alto impacto político y judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este martes el fallo emitido en noviembre pasado por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en la causa conocida como “Vialidad”. De este modo, quedó firme la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La sentencia, que ahora cuenta con la aprobación definitiva del máximo tribunal, se refiere al delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, a través de la adjudicación irregular de contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas.
Ahora el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) deberá resolver sobre las condiciones de detención de la ex mandataria y de los otros ocho condenados, entre ellos Lázaro Báez y José López. Es muy probable que en el caso de Cristina Kirchner, el TOF 2 resuelva concederle el beneficio del arresto domiciliario por contar con más de 70 años.
El máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó cada uno de los argumentos del recurso de queja presentados por la ex mandataria y sostuvo que “el debido proceso ha sido salvaguardado” y que “la encausada obtuvo una sentencia fundada en ley”.
Además, se ratificó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por lo que la ex mandataria no podrá ser candidata a diputada bonaerense por la Tercera Sección electoral en las elecciones legislativas del 7 de septiembre.
La Corte también dejó firme la absolución por el delito de asociación ilícita, al desestimar el recurso del Ministerio Público por considerarlo “inadmisible” según el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.
Según el fallo, “las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida”, además de remarcar que Fernández Kirchner “relegó la ventaja económica para la administración pública por la ventaja económica para intereses particulares”.
La condena incluye también al empresario Lázaro Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López y otros ex funcionarios.
En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 había sentenciado a Fernández de Kirchner por administración fraudulenta y ordenado el decomiso de $84.835 millones, al considerar probado un esquema que favoreció a las empresas de Báez durante los gobiernos kirchneristas.
La defensa de la ex presidenta planteó numerosos cuestionamientos sobre la imparcialidad del tribunal y la valoración de las pruebas, pero la Corte concluyó que esos planteos no lograron demostrar arbitrariedad ni violaciones a garantías constitucionales.
En sus fundamentos, la Corte rechazó los argumentos sobre supuesta parcialidad de los jueces y consideró que las críticas de la defensa fueron una “reedición” de argumentos ya descartados por instancias inferiores.
“No resulta una refutación suficiente sostener un criterio interpretativo distinto”, señalaron los ministros.
La decisión de la Corte agota las vías ordinarias de apelación y deja firme una condena histórica que sella un capítulo central en la relación entre el poder político y la Justicia en la Argentina
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