Este miércoles es otro “Día D” en el Congreso nacional: mientras en la Cámara de Diputados de la Nación se desarrolla el debate sobre la declaración de Emergencia en Discapacidad, miles de afectados y decenas de organizaciones sociales se manifiestan a las afueras de la sede legislativa en defensa de ese sector, los jubilados y los médicos residentes, entre otros.
En ese contexto, la presidenta de la Red por los Derechos de la Personas con Discapacidad (REDI), Gabriela Troiano, llamó a la “conciencia de nuestros legisladores” porque “llenarse la boca hablando de que están a favor de los jubilados y de las personas con discapacidad, pero después no votar en consecuencia, no modifica nada”.
Según planteó en diálogo con la FM 89.3 Santa María de las Misiones, son conscientes de que el Gobierno tiene previsto vetar cualquier medida a favor de esos sectores por más que se apruebe la ley en Diputados, pero “no obstante, si se veta, también hay una opción de que el Congreso nacional reúna los dos tercios necesarios para que el veto sea revertido, así que de nuevo la responsabilidad es de los senadores y fundamentalmente de los diputados, que son quienes deben responder al pueblo“.
Troiano, con casi dos décadas de lucha por los derechos de las personas con discapacidad, planteó que el sector se siente desamparado en medio de la situación de emergencia que está atravesando, “desde la quita de pensiones no contributivas, la falta de actualización de los montos a los prestadores, que justamente brindan servicios a las personas con discapacidad. Es de una gravedad importante, atenta contra la salud, contra la educación y también contra el acceso a la rehabilitación y a una vida autónoma“.
Cuestionó que “hay personas que están citadas a hacerse auditorías por el tema de las pensiones no contributivas con un mes de anticipación y tienen que hacerse estudios en ese mes, cuando todos sabemos lo que es conseguir turnos médicos y ni digamos que nos hagan después los estudios necesarios. Y tampoco hay directivas claras de qué estudios requieren, con lo cual hay un gran desconcierto”.
“Pensemos que un 85% de las personas con discapacidad no tiene trabajo y, por ende, no tiene acceso a ninguna obra social, y la pensión no contributiva lo que le garantiza es un programa de asistencia social y mínimamente la atención médica necesaria”.
Según Troiano, otra de las claves del proyecto de Emergencia en Discapacidad es un fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), deshaciendo su transferencia en 2024 a la órbita del Ministerio de Salud, “planteando la discapacidad como una enfermedad, como una condición de salud, y no es así: los derechos de las personas con discapacidad son mucho más amplios, desde el transporte necesario para ir a los centros de salud, para ir a la escuela, al trabajo… Hay muchos aspectos que tienen que ver con la garantía de los derechos de las personas con discapacidad que están fuera del ámbito de la salud pública”, remarcó.
“Este es un reclamo que Naciones Unidas le hace a Argentina: que reconsidere estas situaciones”, acotó.
“Quienes tienen un familiar o amigo con discapacidad saben que en la familia siempre hay alguien que tiene que dejar de trabajar para poder asistir a esa persona con discapacidad, y esto indica que en el hogar la situación económica decrece y se hace imposible muchas veces garantizarle a esa persona una calidad de vida”
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