La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó este viernes un recurso de amparo ante la Justicia para que se declare la inconstitucionalidad del reciente decreto del Gobierno nacional que restringe el derecho a huelga, al ampliar el alcance de los servicios considerados “esenciales”.
La acción judicial, que recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 20, solicita además una medida cautelar para que el decreto no tenga vigencia mientras se resuelve el planteo de fondo. ATE, sindicato integrante de la CTA Autónoma, se convirtió así en la primera organización sindical en acudir a la Justicia para frenar la normativa, anticipándose a la Confederación General del Trabajo (CGT), que había anunciado una medida similar para los próximos días.
“Esperamos que la Justicia actúe con rapidez. Los efectos de este decreto deben ser suspendidos inmediatamente”, reclamó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, a través de un comunicado.
El gremio argumenta que la norma implica una “afectación ilegal, arbitraria y manifiesta del derecho de huelga, al principio de progresividad y a la libertad sindical”, y advierte que “prácticamente el mismo texto ya fue declarado inconstitucional en el pasado”, por lo que ahora “no hay otra cosa que hacer más que ratificar lo anteriormente sentenciado”.
ÚLTIMO MOMENTO!!
PRESENTAMOS UN AMPARO POR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL DNU 340/25!!DESDE ATE ESPERAMOS QUE LA JUSTICIA ACTÚE CON RAPIDEZ!!
Los efectos de este decreto deben ser suspendidos inmediatamente. Prácticamente el mismo texto ya fue declarado inconstitucional. En esta… pic.twitter.com/LkwbkRr2Sp
— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) May 23, 2025
El decreto en cuestión modifica el artículo 24 de la Ley 25.877, estableciendo que los servicios considerados esenciales deben garantizar al menos un 75% de su funcionamiento durante una huelga.
Esto representa un cambio sustancial respecto de la normativa anterior, que se ajustaba a los criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), limitando la esencialidad a actividades cuya interrupción pusiera en riesgo la vida, la salud o la seguridad de la población.
“Muchas de las actividades que ahora se plantean como esenciales las brinda el Estado. Por lo tanto, esta norma nos afecta directamente a ATE y a todos los trabajadores estatales”, advirtió Aguiar.
La presentación de ATE marca el inicio de una ofensiva judicial de los gremios contra una medida que consideran regresiva y contraria al derecho internacional del trabajo. La CGT ya anticipó que se sumará la semana próxima con su propia acción de amparo.
