El Gobierno nacional oficializó hoy la derogación de diversos artículos fundamentales de la Ley 24.467, que promovía el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, y prácticamente eliminó la Ley 25.872, que dio origen al Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven.
La medida fue instrumentada mediante el Decreto 339/2025, publicado en el Boletín Oficial, y rige a partir de este lunes. Según los fundamentos del Ejecutivo, las herramientas derogadas generan una “contribución marginal al interés general” y resultan incompatibles con el nuevo esquema de eficiencia estatal impulsado por el presidente Javier Milei.
Fin de políticas de promoción para el sector PyME
● Sistema de información y agencias de desarrollo productivo (Arts. 12 y 13): se elimina la red destinada a asistir a PyMEs con información técnica, comercial y legal.
● Recursos de institutos tecnológicos (Art. 14): ya no se priorizará el fortalecimiento del INTA, INTI o INTEMIN en apoyo al sector.
● Programa de desarrollo de proveedores (Arts. 16 y 17): se desactiva el plan que fortalecía el vínculo entre PyMEs proveedoras y grandes empresas, incluyendo compras estatales.
● Certificación de calidad (Art. 18): se suprime la política que incentivaba a las empresas a operar bajo estándares internacionales.
● Consorcios de exportación (Arts. 19 a 21): se discontinúan las estrategias para impulsar la internacionalización de PyMEs.
● Capacitación empresaria (Art. 22): se elimina el programa de formación para cuadros directivos y gerenciales.
Comisión de seguimiento (Art. 105): deja de existir el organismo que evaluaba el impacto de estas políticas sobre el empleo y el mercado laboral.
También el programa para jóvenes emprendedores
El decreto también deroga casi en su totalidad la Ley 25.872, que establecía el Programa de Apoyo al Empresariado Joven. Esta iniciativa buscaba fomentar el espíritu emprendedor, ofrecer herramientas fiscales y financieras, e impulsar la inserción de jóvenes empresarios en el mercado local e internacional, con foco en la innovación y la articulación público-privada.
A pesar de las derogaciones, el decreto aclara que el Estado nacional y los actores involucrados deberán cumplir con todas las obligaciones asumidas mientras los programas estuvieron vigentes.
Fuente: Ámbito.
