Un empleado municipal es investigado junto a otro hombre en una causa por “presunta falsificación de documento, cohecho y defraudación al erario público”, señalaron fuentes del caso.
Todo se inició días atrás, cuando se presentó en el corralón de la Municipalidad de Puerto Iguazú un individuo, que intentó retirar un vehículo secuestrado con un oficio apócrifo. El vehículo estaba incautado por una multa debido a una infracción. Fue así, que al momento y desde la misma comuna radicaron la denuncia correspondiente, por lo que acudió un patrullero y procedió a detener al involucrado e incautar el citado documento.
Fue así que el sospechoso fue trasladado ante el juez de Instrucción 3 de Puerto Iguazú, Martín Brites, para la audiencia indagatoria. Sorpresivamente, el hombre decidió declarar ante el magistrado.
Fue allí, que habría contado que recientemente se detuvo en la vía pública de esa ciudad y abordó a un inspector de Tránsito Municipal que estaba haciendo inspecciones. Fue con la intención, según explicó el declarante, de consultarle al agente acerca de la realización de un trámite. En esas circunstancias, el inspector le habría dicho que él se “ocupaba” pero que “debía pagarle 300 mil pesos”, confió una fuente.
En forma espontánea, el hombre mostró ante el juez Brites su teléfono celular, donde enseñó y entregó constancias de transferencias bancarias con billeteras electrónicas y capturas de conversaciones con el presunto funcionario público deshonesto, señaló un vocero.
En todo momento el individuo habría dicho que desconocía que el oficio que llevó al corralón era falso. Luego de brindar testimonio y ser notificado de la imputación provisoria en su contra, recuperó la libertad supeditado a la causa.
Es que la pena por los delitos que le endilgaron en forma preventiva no contemplan la cárcel. A partir de allí, la Justicia puso la lupa sobre el supuesto accionar del inspector.
Citación y allanamiento
Tras ser citado a indagatoria para la próxima semana, el inspector de tránsito que está siendo investigado presentó una exención de prisión a través de un abogado, la que le fue otorgada y concedida por el magistrado, quien además le impuso una caución de un millón de pesos.
No obstante, el juez ordenó a las autoridades policiales que se allane el domicilio del agente municipal, en busca principalmente de documentaciones que podrían tener irregularidades y del teléfono celular del dueño de casa.
Personal policial de la Unidad Regional V, con asiento en Puerto Iguazú, realizaba al cierre de esta edición la mencionada medida judicial y por ello aún no trascendió el resultado de la misma.
Las autoridades investigan el presunto ilícito que pudo cometer el empleado de la comuna y entre otras cuestiones, si hubo otras maniobras similares o denunciadas en los últimos meses. También, se trata de establecer si no habría otros agentes de la comuna local involucrados. En la semana podría haber más novedades.
