El Gobierno de Javier Milei derogó la Resolución N° 187/2025, que había sido emitida con el objetivo de regular y auditar más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral.
Esta decisión no implica que el Ejecutivo no continúe con el proceso de revisión, sino que utilizará este tiempo para establecer un nuevo procedimiento.
Esta medida había sido anunciada el 16 de enero con la intención de corregir las irregularidades detectadas en el sistema de pensiones.
La derogación se formalizó este martes mediante la publicación de la Resolución N° 1172/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el Boletín Oficial.
La normativa anterior contemplaba un procedimiento de revisión que incluía entrevistas y verificaciones médicas a más de un millón de beneficiarios. Según el Gobierno, estos procesos se habían hecho necesarios debido a los hallazgos de fraude, como personas sin discapacidad certificada, beneficiarios con documentos falsificados y personas privadas de libertad que seguían recibiendo los pagos.
La decisión de derogar la resolución se produjo luego de la identificación de varios puntos que no habían sido del todo claros en los procedimientos establecidos por dicha normativa.
En particular, según precisaron, los técnicos de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas señalaron que, a pesar de los esfuerzos por mejorar la transparencia, la implementación del baremo de evaluación médica resultaba inadecuada y carecía de una base sólida para garantizar la equidad de los beneficiarios.
A partir de una revisión exhaustiva, se advirtió que ciertos criterios no se alineaban con normativas internacionales en materia de discapacidad, lo que llevó a la necesidad de una nueva revisión técnica.
Diego Spagnuolo, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, afirmó que la derogación de la resolución permitirá un enfoque más detallado y acorde con los estándares del mundo para la evaluación de invalidez laboral, especialmente en lo que respecta a los baremos médicos utilizados en el sistema.
Con la derogación de la resolución, la ANDIS deberá trabajar en una nueva propuesta que contemple una actualización de los criterios y un proceso más efectivo y justo para la verificación de las pensiones.
En su lugar, la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas se encuentra elaborando un nuevo esquema de auditoría que permita corregir las irregularidades, pero sin generar un impacto tan drástico para los beneficiarios que realmente necesitan el apoyo del Estado.
Fuente: Infobae.
