La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de tres años de prisión contra Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior, por manipular el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC entre 2006 y 2007, durante el gobierno de Cristina Kirchner. La sentencia se dictó por los delitos de abuso de autoridad y manipulación de registros públicos.
La Sala II de Casación, con mayoría de los jueces Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, ratificó el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que también condenó a Beatriz Paglieri, exdirectora del área de Índices de Precios al Consumidor del INDEC, a tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Por su parte, las exempleadas Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda fueron absueltas.
El fiscal Diego Luciani, junto a José Ipohorski, había solicitado una pena más severa para Moreno: cuatro años de prisión y diez de inhabilitación, acusándolo de violación de secretos, abuso de autoridad, destrucción de registros y falsedad ideológica. Tras la sentencia, tanto la defensa como la fiscalía presentaron impugnaciones ante Casación.
La defensa de Moreno argumentó que el tribunal no consideró pruebas relevantes y negó que el exfuncionario hubiera dado órdenes o presionado a otros agentes públicos para violar normativas internas del INDEC. Además, citó testimonios que, según su interpretación, no acreditaban la violación del “secreto estadístico”.
Sin embargo, los jueces del tribunal entendieron que había pruebas suficientes para responsabilizar penalmente a Moreno. Destacaron que, según declaraciones del propio imputado, su objetivo principal era cumplir con un mandato del entonces presidente Néstor Kirchner, orientado a “desacelerar el proceso inflacionario y cerrar el año 2006 con una variación anual inferior al 10 por ciento”.
Los magistrados señalaron que, aunque Moreno tenía facultades y metas fijadas normativamente, estas no incluían competencia directa sobre el INDEC, ya que el organismo dependía de la Secretaría de Política Económica. “Moreno actuaba con un marcado interés en cuestiones que eran inherentes al funcionamiento interno del INDEC”, afirmó la jueza Ledesma.
La jueza también precisó: “Aun cuando el defensor insiste en señalar que algunos testigos expusieron que no se violó el secreto estadístico, se omite dar cuenta de la contracara de dicha afirmación: justamente esos funcionarios se vieron obligados a adoptar múltiples medidas de resguardo de dicho secreto estadístico precisamente para contender los constantes embates que recibían por parte de Moreno”.
En disidencia, el juez Alejandro Slokar consideró que el tribunal oral no se pronunció sobre el planteo de prescripción de la acción penal, a pesar de que la defensa lo había invocado expresamente. Sostuvo que esa omisión vulneraba garantías procesales fundamentales y que el expediente debía ser devuelto al tribunal de juicio para resolver adecuadamente la cuestión.
Fuente: Infobae
