En febrero del 2024 se conocía la noticia de la detención de un comerciante de Puerto Rico bajo la acusación de poseer Material de Abuso Sexual Infantil (MASI). Meses después ocurrió una segunda detención por el mismo tipo de delito. Esa vez fue un empleado metalúrgico a quien oportunamente le habían negado la excarcelación. La novedad respecto a este caso es que le fue dada la prisión domiciliaria, mientras avanza la investigación en su contra.
El hombre tiene 43 años y le fue otorgada la posibilidad de continuar el proceso en su domicilio, luego que la Justicia comprobara que tiene afecciones de salud que podrían empeorar si permanece en una celda. Más allá de ello, eventualmente si es hallado culpable de lo que se lo acusa, en principio volverá tras las rejas a cumplir condena.
El 25 de agosto del 2024 fue detenido tras el requerimiento del fiscal Héctor Simon, al recibir el resultado de las pericias a dispositivos electrónicos que confirmaron que el sospechoso tenía material de abuso sexual infantil.
Al momento de ser indagado por el juez penal de Puerto Rico, Leonardo Manuel Balanda Gómez, dio su versión acerca de por qué tenía ese material.
En su coartada se refirió solo a su celular y manifestó que se lo había comprado a un vendedor ambulante. Dijo desconocer que tenía videos y fotos de MASI, pero cuando los detectó, decidió borrarlos pero quedaron en la memoria del dispositivo.
Respecto a cómo explicaba entonces la distribución de ese material, comentó que los solía usar también su hijo y en ese contexto podía haber enviado algún archivo.
Su declaración no convenció a la Justicia y el juez ordenó que siguiera detenido mientras se obraban más pruebas en la causa. Tras la opinión por la negativa del fiscal, el magistrado también le rechazó el pedido de excarcelación solicitado por la defensa.
En ese acto de indagatoria le fue comunicado que era investigado por el delito estipulado en el artículo 128 del Código Penal. El mismo establece una pena de entre 3 a 6 años de prisión en caso que sea hallado culpable en juicio.
Tal como ocurrió en otros casos similares, el alerta acerca de archivos MASI llegaron desde Estados Unidos. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), emitió el alerta acerca de actividad relacionada con abuso sexual infantil desde una dirección IP (de Internet) de la localidad de Puerto Rico.
Primero la Justicia ordenó un allanamiento en busca de material probatorio. Secuestraron una PC y un teléfono celular. Posteriormente, la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (SAIC), halló material comprometedor en los dispositivos.
Identificaron 30 archivos con ese tipo de material que el sospechoso tenía en esos artefactos y a través de los cuales los recibía, almacenaba y distribuía.
