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Juzgan a exjefes de Gendarmería por una asociación ilícita de contrabando de granos

El debate oral y público comenzará este lunes a las 9 en Posadas. La organización fue desmantelada en noviembre de 2021 por el juez federal de Oberá, Gallandat Luzuriaga. Tres son los imputados al banquillo, ocho ya acordaron penas en juicio abreviado. Habrían participado en la red que traía soja y maíz en camiones evadiendo impuestos y controles viales.

13 abril, 2025
ALLANAMIENTOS. El 5 de noviembre de 2021, Oberá fue uno de los puntos de los doce allanamientos ordenados por el juez Gallandat a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

ALLANAMIENTOS. El 5 de noviembre de 2021, Oberá fue uno de los puntos de los doce allanamientos ordenados por el juez Gallandat a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Arrancará mañana, en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, el juicio a tres integrantes de una presunta organización dedicada al contrabando de oleaginosa -a través de Misiones- al Brasil, entre ellos el exjefe del Escuadrón 9 “Oberá” de Gendarmería, Marcos Antonio Duette (53).

La presunta banda estaba conformada por doce integrantes, de los cuales uno falleció y ocho acordaron penas en juicio abreviado.

Los jueces de Cámara que integrarán el Tribunal serán Manuel Alberto Jesús Moreira (presidente), Víctor Antonio Alonso y Juan Manuel Iglesias -subrogantes-. La acusación corresponderá al fiscal Pablo Ricardo Di Loreto y la asistencia de Gabriela Acasuso.

La querella de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA exAFIP) estará representada por Rossana Beatriz Sienra y Yamila Soledad Amado.

Los encartados que llegan a debate están acusados de haber formado parte de una asociación ilícita, dedicada a concretar el traslado de granos desde Santiago del Estero, Chaco y otras provincias, hacia Misiones, con la finalidad de exportarlas de contrabando por pasos no habilitados hacia Brasil.

De acuerdo a la instrucción del expediente del juez federal de Oberá, Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga, la red se encargaba de la adquisición y transporte, y traslado a las zonas aledañas de las localidades de El Soberbio, Colonia Alicia o Colonia Aurora, donde las bolsas se acopiaban y en balsas y canoas cruzaban ilegalmente al Brasil a través del río Uruguay.

Según la acusación, a los fines de lograr su cometido, utilizaban Cartas de Porte y Formularios CTG (Código de Trazabilidad de Granos) emitidas por personas – generalmente utilizando cooperativas o personas físicas- sin capacidad económica, ni de almacenamiento, ni de procesamiento y con destinaciones falsas, a través de las cuales se hacían figurar las adquisiciones, únicamente para dar la apariencia de legalidad al desplazamiento en ruta de las cargas y una vez ingresado a esta, las mismas eran anuladas.

Además, los transportes se movían con mayor peso al declarado y permitido, merced a la falta de control en las balanzas correspondientes.

Una vez ingresadas las cargas a suelo misionero, con complicidad de los agentes de Gendarmería, se liberaban las rutas nacional 14 y la provincial 2 (ruta costera) para que los camiones transitaran sin inconvenientes.

Para ello, se mantenían patrullas en lugares por el que no pudieran tener la posibilidad de detener las cargas o bien, cuando se los interceptaba, se ordenaba dejarlos continuar sin darse conocimiento a la AFIP (hoy ARCA) o a la Fiscalía y Juzgado Federal.

Dicha organización, siempre según la imputación judicial, habría funcionado desde hace varios años, incluso con anterioridad a 2018 y se habría mantenido activa durante el tiempo de la investigación llevada a cabo en los autos de mención.

En cuanto a perjuicio fiscal, las maniobras de evasión investigadas a esta organización fueron estimadas por la hoy ex AFIP en 2020 con una evasión de 139.652.145,35 pesos en concepto de IVA y 465.507.151,16 pesos en cuanto a Impuesto a las Ganancias.

Respecto a 2021 el perjuicio fue calculado en 480.677.034,36 pesos y 1.605.256.781,20 pesos, en cuanto a IVA y Ganancias, respectivamente. Sin evaluar el no pago de las retenciones a las exportaciones de oleaginosas y la diferencia cambiaria entre el dólar oficial y el blue.

Además, a los dos gendarmes que estarán sentados en el banquillo (ambos exjefes en el mencionado Escuadrón 9), también se los acusa de haber incumplido los deberes que les incumbían como funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones.

En el caso de Duette se lo acusa de haber recibido dinero y dádivas para hacer, retardar o dejar de hacer lo relativo a sus funciones y también de abusar de la autoridad que revestía e incumplir los deberes que le incumbían como funcionario público en ejercicio de sus funciones, dado que, al momento de los hechos investigados en autos, revestía el carácter de jefe del Escuadrón 9 “Oberá” de Gendarmería Nacional.

 

Acusación formal

El debate tiene cuatro encartados por “contrabando de exportación agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y la participación de un agente de la fuerza de seguridad”, también por “cohecho pasivo, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, artículos 45, 54, 55, 210, 248 y 256 del Código Penal y 864 inciso A y 865 incisos A y C de la ley 22.415, conocida como “Codigo Aduanero”.

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Tags: #Frontera#JudicialesContrabando de sojagendarme contrabandistaTribunal Federal de Posadas
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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