La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó en un fallo dividido el recurso presentado por el juez federal Miguel Ángel Guerrero, titular del Juzgado Federal de Eldorado, y confirmó la sanción impuesta por el Consejo de la Magistratura, que lo multó el año pasado con el 30% de su salario por malos tratos, acoso laboral y violencia de género contra empleadas y funcionarios judiciales.
El caso tuvo origen en una denuncia formulada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), en la que se detallaban conductas de abuso de autoridad, acoso laboral y violencia de género en el ámbito del Juzgado Federal de Eldorado. La investigación incluyó declaraciones testimoniales, informes médicos y documentación interna del Poder Judicial.
El Consejo de la Magistratura evaluó los elementos probatorios y concluyó que el magistrado había incurrido en faltas disciplinarias tipificadas en la Ley 24.937, vinculadas a faltas de respeto y conductas ofensivas contra la dignidad de la función judicial. Además, señaló que su accionar transgredía principios establecidos en normativas internacionales ratificadas por Argentina, como el Convenio 190 de la OIT y la Convención de Belém do Pará.
La defensa del magistrado y la postura de la Corte
Guerrero apeló la sanción argumentando que la medida era arbitraria y que su gestión respondía a la alta carga de trabajo del juzgado, ubicado en una zona fronteriza con alta carga de causas penales.. Además, sostuvo que la sanción se basó en el Convenio 190 de la OIT, que no estaba vigente al momento de los hechos denunciados.
La Corte analizó el procedimiento realizado, las pruebas presentadas y señaló: “El Plenario del Consejo de la Magistratura consideró acreditado un patrón de conducta en el que el juez propiciaba malos tratos y hostigamiento a sus subordinados y, en particular, ejercía violencia de género contra las empleadas y funcionarias mujeres”. Además, consideró que en el caso no se había demostrado arbitrariedad o manifiesta extralimitación en el ejercicio de facultades sancionatorias.
En consecuencia, rechazó el recurso deducido por Guerrero y confirmó la decisión del Cuerpo. El ministro Horacio Rosatti se excusó y la decisión fue firmada por Carlos Rosenkrantz, por la conjueza Silvina Andalaf Casiello (de la Cámara Federal de Rosario) y el conjuez Alejandro Osvaldo Tazza (de la Cámara Federal de Mar del Plata).
Por otra parte, el fallo incluyó una disidencia del ministro Ricardo Lorenzetti, quien consideró que la sanción afectaba la independencia judicial y que la exigencia de trabajo no debía confundirse con maltrato.
