Energía de Misiones llevó a cabo operativos para retirar conexiones clandestinas en distintos locales comerciales y viviendas de Puerto Iguazú, la mayoría por reincidencia en el delito de hurto de energía eléctrica.
En cada caso tomó intervención el Juzgado de Instrucción 3, donde se tramitan más de 30 expedientes penales por la presunta comisión de los delitos previstos en los artículos 162 y 164 del Código Penal, con sanciones que van de un mes a seis años de prisión.
En uno de los hechos que se registró el pasado martes 18 de febrero, la prestataria amplió la denuncia penal inicial ante la reiteración de la conducta de un comerciante que hace unas semanas había sido descubierto en una compleja maniobra para evitar la medición del consumo de su local con una conexión directa subterránea. Posteriormente, en ese mismo comercio se detectó una conexión clandestina aérea.
Por la reiteración de la conducta, este caso podría derivar en una sanción ejemplar, una vez que la causa se eleve a juicio y eventualmente se decida una condena.
El hurto o robo de energía se encuentra contemplado dentro de los delitos del Código Penal. El artículo 162 determina que: “será reprimido con prisión de un mes a dos años, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena”.
El artículo 164 agrega que “Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas o con violencia física en las personas, sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad”.
Robar energía es un delito y un riesgo
Los operativos de detección de maniobras de hurto o robo de energía se realizan en toda la provincia y desde la prestataria del servicio eléctrico se insta a los usuarios a colaborar con la denuncia anónima al 0800 888 3672. De hecho, fueron varios los casos dados a conocer por los propios vecinos perjudicados.
Es que combatir este delito es importante para la comunidad, ya que el que roba energía no solo evita pagar lo que le corresponde por el servicio que usa; también pone en peligro su vida, la de los demás y genera daños sobre la red eléctrica, la cual se sobrecarga por un consumo no controlado. Esto perjudica a los vecinos, quienes pueden sufrir problemas de tensión que dañen sus electrodomésticos.
Paralelamente, cuando alguien manipula la red en forma ilegal, sufre peligro de electrocutarse, generar incendios o explosiones en la red eléctrica o en las acometidas que llevan la energía a los hogares.
