Tras semanas de dilaciones y varias idas y vueltas, el pliego que propone al magistrado federal Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema logró un dictamen de mayoría. El despacho fue presentado este miércoles a la tarde y contiene nueve firmas de oficialistas, dialoguistas y algunos kirchneristas, por lo que subieron las chances de su tratamiento en la Cámara alta.
El dictamen en cuestión fue firmado por el misionero, del Frente Renovador, Carlos Arce; el jefe del oficialismo en el Senado, Ezequiel Atauche (Jujuy); su pares correntinos de Provincias Unidas y de la UCR, Carlos Espínola y Eduardo Vischi; la tucumana aliada al PRO Beatriz Ávila; el peronista disidente Juan Carlos Romero (Provincias Unidas); los integrantes del kirchnerismo Sergio Uñac (San Juan), Lucía Corpacci (Catamarca) y Claudia Ledesma Abdala de Zamora (Santiago del Estero).
De esta manera, el Gobierno dio un paso trascendental en la comisión de Acuerdos -que preside Guadalupe Tagliaferri, del PRO-, encargada de tratar estas iniciativas, para llevar el tema al recinto. A partir de ahora y, si el pliego aterriza en la sesión del jueves de la semana próxima, la Casa Rosada necesitará dos tercios de los integrantes de la Cámara alta para tener el aval final.
Definiciones del postulante Ariel Lijo en la audiencia pública
*Objetivos para mejorar la Justicia: Según Lijo, la Corte puede reasignar recursos, así como simplificar “el recurso extraordinario, bajando nivel de litigiosidad”. En segundo término, apuntó a segmentar las posibilidades de respuesta ante distintas categorías de conflicto, ya que “no puede ser que respondamos con las mismas personas, métodos y estructura una catástrofe ambiental que el arrebato de un celular, o fijación de cuota alimentaria”. Luego, direccionó la mira a los “procesos sumarios y orales”.
*Ampliación de la Corte: “No tengo una posición tomada de cuántos miembros tiene que tener la Corte. La Argentina ha funcionado con distinta cantidad de miembros y en todos los sistemas, la Corte funcionó. Los problemas no son derivados de la cantidad de miembros, que son cuestiones que debe evaluar el Parlamento respecto de la conveniencia de su composición”, manifestó.
*Dolarización: El postulante dejó en claro que “se debe respetar los estándares mínimos de legislación” y que, “de alguna manera, debe ser preservada la moneda”. Y agregó: “Expedirme en términos absolutos sobre si es constitucional algo que no existe no es lo correcto. Sea lo que sea, debe preservar la moneda”.
*Género: “¿Si tiene que estar integrada la Corte por una mujer? Sí”, aseveró Lijo también resaltó que fue “formado por mujeres” y que la “cuestión de género no es sólo enunciativa ni de buenos modos o políticas, es mucho más concreta”. Habló de “poder remover obstáculos también en la toma de decisiones”.
*Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU): El candidato detalló que existe “una jurisprudencia extensa en la Corte”, en cuanto a “que deben ser controladas las condiciones de necesidad y urgencia en cada caso, objetivas”. Seguido a ello, deslizó que el tema “merece un debate público”.
*Acusaciones en su contra: “No voy a detenerme en detallar el origen de las denuncias: en 20 años no recibí una sola sanción del Consejo de la Magistratura. Nunca, ni una sanción”, destacó el juez federal. Más temprano, explicó: “Fui investigado por UIF y AFIP. Nunca encontraron nada. Es más, es mentira que me haya defendido el doctor -y actual ministro de Justicia- Mariano Cúneo Libarona, nunca puse abogado”.
*Retenciones: “Creo que los derechos exportación autorizados constitucionalmente, en la medida que sean razonables y no afecten al sector, puede ser regulados. Todos pueden ser revisados judicialmente”, argumentó.
*Intervenciones en expedientes Siemens, YPF y deuda de Formosa: Sobre el primer punto, Lijo enfatizó que se trató de un caso de “soborno transnacional, es uno de los trabajos artesanales más complejos que enfrentamos”, donde se “avanzó muchísimo en la averiguación y circulación del dinero, su circuito en paraísos fiscales y cómo saltaban en cuentas tipo ‘mamushkas’ de un país a otro, y de un banco a otro”. Después informó que “nunca ingresó el dinero a la Argentina” y que “se elevó a juicio oral toda la actividad de los privados, corroborado con información que aportó Alemania”. Sobre el resto, se “avanzó hasta punto donde no teníamos diligencias y su archivo fue confirmado por la Cámara Federal y por la Corte Suprema”.
En relación con YPF, subrayó que es “una causa en trámite” y con una “gravedad para la Argentina, demandada en el exterior”. Y añadió: “Es especialmente delicado que me expida sobre la causa, no por no tener una gran cantidad de información para darles. Hay algunos aspectos que no se han logrado probar todavía y depende de la colaboración de otros países. Una de las razones por la que está tramitando en el exterior, uno de los argumentos que se utilizaron en la justicia de los Estados Unidos, es la existencia de una causa penal en la Argentina, contrariamente a lo que se sostiene muchas veces públicamente, cometiendo lo que, desde mi punto de vista, es un error jurídico”.
Al ser consultado sobre una causa por la toma de deuda de Formosa, Lijo se explayó: “La investigación avanzó hasta la indagatoria de funcionarios. A partir de eso, las partes ejercieron su derecho de defensa e hicieron un planteo respecto de la competencia basado en un precedente de la Corte de mi propio tribunal, que separa las investigaciones de las provincias y del Estado nacional. La jurisprudencia de la Corte establece que cuando hay afectación de fondos provinciales, es competente la justicia federal de la provincia”. El magistrado propuso en ese entonces la separación de la investigación y enviarla a la justicia federal de la provincia, para quedarse con la de los funcionarios nacionales. “No es verdad que existan gestiones judiciales y mucho menos en mi juzgado, o nadie que yo conozca”, concluyó.
*Coparticipación: El postulante opinó que “son cuestiones de interacción entre el Ejecutivo, el Legislativo y las provincias” que deben “trabajar para llegar a un consenso por unanimidad o mayoría”. No obstante, el principio a regir para cualquier cuestión “fiscal y distributiva es la solidaridad”.
Fuente: INFOBAE
