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Por estafas online, Misiones impulsa mayor control en ventas vía Facebook

Los expedientes se cursan en la Justicia local. De ratificarse las infracciones se impondrán restricciones. Se busca que sitio de subastas por Internet marketplace regule las ventas al igual que Mercado Pago.

27 enero, 2025

La Provincia de Misiones inició en la Justicia local un procedimiento de infracción contra Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, debido al creciente número de fraudes y estafas que se registraron en su plataforma de marketplace. Las autoridades provinciales de Defensa del Consumidor consideraron que estas redes sociales están facilitando la venta de productos fraudulentos y acusaron a Meta de ser responsable por permitir que estas actividades ilegales ocurran en su espacio digital.

El principal problema radicó en la falta de garantías para los consumidores en las transacciones realizadas a través de Facebook.

“Si un vendedor publica un producto en la plataforma, lo cobra y no lo entrega, y después lo vuelve a ofrecer, Facebook debe ser considerada responsable, ya que proporciona el espacio para que se lleven a cabo esos engaños”, dijo un enfático Alejando Garzón Maceda al frente del organismo de control y de defensa del consumidor misionero.

“Meta obtiene ingresos económicos a través de la venta de publicidad en sus plataformas, porque no todas las publicaciones son gratuitas lo que refuerza nuestra exigencia de que debe asumir la responsabilidad en las transacciones que ocurren en su plataforma”, añadió.

Desde hace dos años, la Oficina de Defensa del Consumidor de Misiones comenzó a trabajar en un exhaustivo seguimiento de las ventas que se realizan a través del marketplace de Facebook.

“Este esfuerzo tiene como objetivo garantizar que las transacciones comerciales online sean seguras, pues el servicio de marketplace fue creado inicialmente con el propósito de facilitar el comercio, inspirado en plataformas como eBay. No obstante, rápidamente se observó que esta herramienta se convirtió en un terreno propenso a fraudes y otras irregularidades. En consecuencia, iniciamos varios expedientes en contra de Meta y nos encontramos a la espera de la resolución de estos casos por parte del Poder Judicial provincial”, aseguró el funcionario a PRIMERA EDICIÓN.

Una de las principales preocupaciones de las autoridades del organismo que dirige fue la falta de transparencia de los vendedores.

“Muchas de las empresas que operan en marketplace no cuentan con establecimientos físicos, lo que complica la identificación de los responsables en caso de estafa. En el marco de nuestras investigaciones nos encontramos con distribuidoras que operan exclusivamente a través de la plataforma de Facebook, lo que aumenta los riesgos para los consumidores, quienes no pueden verificar la legitimidad de los productos ni de los vendedores”, amplió durante la amplia charla con este Diario.

 

Facultades provinciales

Ante esta situación, Garzón Maceda aseguró que el Gobierno provincial advirtió que, “si Facebook no implementa medidas de control más estrictas, se les prohibiría realizar transacciones comerciales en la provincia”.

 

“Cuando Meta fue notificada sobre las irregularidades, intentó eximirse de toda responsabilidad, argumentando que su plataforma solo servía como un medio para la interacción social. Sin embargo, desde Misiones se subrayó que, al permitir la compra y venta de productos, desde sus plataformas Facebook e Instagram está transformándose en un canal comercial y debe asumir las responsabilidades correspondientes. Según la ley de Defensa del Consumidor de Argentina, las plataformas que actúan como intermediarias en la venta de bienes y servicios deben garantizar que las transacciones sean seguras y legales. De no hacerlo, incurren en una infracción grave”, alertó.

 

Por ello las autoridades del organismo provincial exigen que, al igual que Mercado Libre, Meta controló los anuncios que se publican en su plataforma, verifique quién los publica, qué productos se ofrecen y desde qué lugar además de obligarlos a ofrecer garantías por los bienes y servicios que se venden.

“Este modelo regulatorio fue implementado por Mercado Libre 15 años atrás, anteriormente, al igual que lo hace Meta ahora, la plataforma se resistió a tomar responsabilidad sobre las ventas”, rememoró Alejandro Garzón Maceda.

 

Misiones, pionera

En ese punto el director de la Oficina de Defensa del Consumidor de Misiones, recordó cómo la provincia jugó un papel fundamental en las negociaciones con Mercado Libre, quien en su momento se mostró renuente a asumir responsabilidad por los fraudes en su plataforma. Tras tres años de sanciones y negociaciones, Mercado Libre accedió a cambiar sus políticas y ofrecer mayores garantías a los consumidores. Este proceso demostró que las intervenciones a nivel provincial podían generar cambios reales en las políticas de las plataformas digitales.

“Mercado Libre aceptó en aquel entonces cambiar sus políticas y comenzó a ofrecer garantías para los consumidores. Hoy en día, la plataforma otorga un plazo de 30 días para la devolución de productos, mucho más amplio que los 10 días estipulados por la ley”, destacó.

 

“Los consumidores están en riesgo y vamos a cuidarlos”

Los problemas con Facebook e Instagram que fueron llevados a la Justicia no se limitan únicamente a las ventas fraudulentas, sino que también se detectaron productos no autorizados, como anteojos que no cumplían con los requisitos sanitarios, que se comercializaban sin ningún control.

Inspectores de la oficina que depende de Garzón Maceda identificaron que algunos comercios conocidos, en paralelo a las operaciones reguladas, también vendían productos de dudosa calidad a través de sus redes sociales, “lo que representa un grave riesgo para los consumidores. Esta situación nos llevó a realizar un seguimiento exhaustivo de estas prácticas comerciales”, dijo.

Y luego graficó que las acciones contra Meta ya se vienen prolongando por más de tres años, y aunque la empresa no mostró interés en regular su plataforma de manera adecuada, Misiones persiste en su reclamo. Después de varios intentos de contacto, los representantes de Meta en Argentina finalmente aceptaron reunirse con las autoridades de COFEDEC en encuentros realizados en Mendoza y Córdoba.

“Hay algunos inconvenientes con Nación para ponerse firmes al respecto, como ya se hizo con la empresa de Marcos Galperin. Pero no importa, a pesar de la falta de apoyo de algunos sectores del Gobierno nacional para avanzar en esta regulación, desde Misiones dejamos en claro que no vamos a delegar nuestras responsabilidades en la protección de los consumidores. El Gobierno provincial continuará tomando las medidas que considere necesarias para defender a los usuarios de las plataformas digitales, independientemente de lo que ocurra”, sentenció.

 

Tags: Alejandro Garzón MacedaControlesDenfensa del ConsumidorFacebookGarantíasInstagramJusticiaMarketplaceMetaMisionesventas
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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