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La Provincia fijó un piso mínimo de aportes de municipios al Instituto de Previsión Social

La mayoría de las comunas paga el 90% del sueldo en negro y los aportes al IPS se aplican sobre el 10% en blanco. Ahora las retenciones se harán sobre un piso de $90 mil a todos los que no lleguen a esa suma. Rige con la liquidación de noviembre 2024.

23 enero, 2025

El Gobierno provincial le aplicó un monto base de retención a los municipios, como aporte de sus empleados y cargos electivos para financiar la obra social y la jubilación del Instituto de Previsión Social de Misiones (IPS). 

La medida se conoció el martes 21 de enero pasado, mediante la publicación del decreto 2695/24 fechado el 19 de noviembre de 2024, firmado por el gobernador Hugo Passalacqua y el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán.

Establece que los aportes por cada empleado municipal se aplicarán sobre un mínimo remunerativo de $90 mil para todos aquellos que no lleguen a ese salario como base imponible. Los que perciben por encima de ese monto seguirán sin cambios.

La gran mayoría de los municipios paga salarios en “blanco” muy bajos, como el caso de Garupá cuyos remunerativos van desde $1.000 a los $1.200 y el resto se compone con adicionales “en negro” o no remunerativos. De esta forma encontraron una manera de “simular” los menores aportes al IPS y se ahorran miles de millones al mes. 

El artículo 1 del decreto expresó que rige la decisión con las liquidaciones de noviembre del año pasado. Se fija “un piso mínimo remunerativo para la base de cálculo de los Aportes Personales y de las Contribuciones Patronales de los agentes y funcionarios electivos municipales, destinadas tanto al Sistema Previsional como a Obra Social del Instituto de Previsión Social de Misiones en la suma de $ 90.000”. 

Se precisó en la norma que “regirá únicamente en los casos de agentes y/o funcionarios electivos municipales en cuyas liquidaciones salariales, la suma informada por el Municipio como ‘Remuneración’ sujeta a aportes, sea inferior a dicho monto”.

Se instruyó al IPS de Misiones a reglamentar los procedimientos administrativos necesarios mediante el diseño e implementación de una Planilla Anexa a la liquidación mensual, para cada municipio que posea agentes en relación de dependencia y/o funcionarios electivos, cuyos conceptos remunerativos informados no alcancen los $90 mil, determinando el porcentaje de aporte y contribuciones patronales, sobre la diferencia entre lo que cobran en blanco y la base fijada ahora.

Además, la norma legal dejó en claro que los pagos adicionales o las retenciones que sufrirán los municipios “correrán a cargo exclusivo de los municipios” y no podrá cargar ese costo a los empleados: “Sin que se vean afectados los ingresos netos de los trabajadores”. Y también estableció que “los gobiernos municipales de la Provincia no podrán disminuir la participación relativa del haber remunerativo, sobre el haber total, vigente a la fecha del presente Decreto, de ningún agente en relación de dependencia y/o funcionario electivo municipal, como tampoco a nivel del total general” por comuna.

 

Equilibrar las cajas

Se sostuvo que el IPS “debe mantener un equilibrio económico financiero entre ingresos y egresos de cada régimen” y que los aportes de los municipios “son parte del Fondo con el que se sustenta la caja de Jubilaciones y Pensiones y de Obra Social”.

Reveló además la norma que el bajo aporte de las intendencias, al pagar salarios mayormente en negro, genera un desequilibrio: “La situación de desequilibrio generada, en algunos casos, por la desvinculación entre los conceptos remunerativos para la aplicación de porcentajes de aportes y contribuciones al sistema previsional y de obra social de los agentes y funcionarios electivos municipales, y el haber mínimo garantizado y las prestaciones asistenciales otorgadas por el Instituto de Previsión Social de Misiones, genera una carga financiera adicional para éste, no compatible con el principio de solidaridad y de reparto que rigen a este sistema”.

A raíz de esto, “se torna necesario, a fin de restablecer dicho equilibrio y asegurar la sustentabilidad del sistema previsional, iniciar un proceso gradual de armonización, mediante el establecimiento de un piso mínimo remunerativo que sirva de base de cálculo para los aportes de los municipales a las cajas Previsional y de Obra Social del IPS”.

Los aportes serán descontados por Hacienda de la coparticipación y transferidos al IPS.

El Gobierno justificó que “el presente se dicta en el marco de los principios de solidaridad, de reparto y de equilibrio financiero que rigen el Sistema Previsional”.

Además, sucede en un contexto de una deuda millonaria de ANSeS con el IPS de Misiones, por las compensaciones no transferidas durante varios años.

 

Repercusiones

El intendente de Campo Grande y presidente de la Comisión de Desarrollo de los Municipios (Codeim), Carlos Sartori, explicó a PRIMERA EDICIÓN que “aquellos municipios que no lleguen a los 90.000 pesos de básico, supongamos un municipio que el básico sea entre 40.000 o 50.000 pesos, lo faltante Hacienda va a hacer la retención y girará al IPS justamente para poder equiparar o nivelar todos los municipios, todos los entes con un mínimo de 90.000 pesos en el básico”.

“En mi opinión, la medida no es descabellada. Está bien porque entre todos debemos cuidar el ente que permite justamente facilitar toda la cuestión social de nuestros empleados y por supuesto lo previsional”, dijo.

Aunque aclaró que “lo que sí tendríamos que ver, en algunos municipios, es cómo impacta esta cuestión. Hay municipios que tienen índices de coparticipación bajos y una población en crecimiento constante. Tendríamos que ver nosotros cómo impactaría esta retención y qué provocaría en lo económico o en el financiamiento de ese municipio”.

Por último, Sartori recordó que “de todas formas, los municipios habíamos realizado un acuerdo con el IPS de un 40% de la masa salarial, ahora tendríamos que ver cómo impactará si se implementa este decreto”.

 

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Tags: DecretoIPSMunicipiosPolítica
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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