En la órbita del Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ) se actualiza el Registro de Alimentantes Morosos, que se debe publicar dos veces al año (junio y diciembre) en el Boletín Oficial de la provincia. La última publicación se conoció en un suplemento del órgano oficial de publicidad de los actos, donde se detalló el nombre y apellido, juzgado, localidad del demandado y las actuaciones que lo llevaron a ser parte del Registro.
El único dato que no se consignó en el último relevamiento, es el monto de la deuda de cada uno de los morosos, un ítem que formó parte de la ley de creación del instrumento legal; aunque la última Acordada del STJ (N°128/2020) no consideró de manera taxativa, al solicitar que se incluyan “las demás circunstancias indispensables que permitan una eficiente individualización”.
Según los datos que pudo relevar PRIMERA EDICIÓN, hay alrededor de 603 alimentantes morosos en las 157 páginas del mencionado suplemento, siendo 597 hombres y 6 mujeres.
Si se comparan los datos con los conocidos a mediados de 2024, cuando había en total 521 deudores alimentarios (513 hombres y 8 mujeres), se dio un incremento de aproximadamente un 15%, al haber ingresado 82 personas más en un semestre.
En la misma comparación de tiempo y cifras, se produjo el descenso de dos mujeres y el ascenso de 84 hombres que engrosaron los datos recientes.
La legislación misionera establece que serán parte del Registro los alimentantes que adeudan total o parcialmente dos cuotas alimentarias consecutivas o alternadas, dentro de un período no superior a un año calendario, sean provisorios o definitivos, fijadas u homologadas judicialmente; siempre que no haya resolución pendiente de incidente de disminución o cese de la cuota alimentaria.
El STJ designó al secretario Fernando Castelli al frente del Registro que también se exhibe en la página web institucional del Poder Judicial, donde existe un botón con el nombre del mismo. Cabe destacar que la información se encuentra actualizada y accesible a cualquier ciudadano dentro y fuera de Misiones.
Es que, una vez más, se pudieron observar demandados por alimentos domiciliados en Federación, Entre Ríos; Corrientes capital y Santo Tomé en la vecina provincia; Resistencia, Chaco; Morón, San Martin y Grand Bour, en Buenos Aires; Alvear, Mendoza; Malagueño, Córdoba; Río Gallegos, en Santa Cruz, entre otras ciudades extra misioneras.
Aunque algunas veces no se cumple, la legislación provincial exige que los incorporados a esta lista oficial judicial se deben ver impedidos de adquirir tarjetas de crédito, préstamos, o realizar alguna actividad financiera.
También los deudores registrados de cuota alimentaria se deberán ver limitados a ocupar cargos públicos, obtener el registro de conducir y en algunas situaciones tampoco pueden salir del país.
Un problema es la falta de una legislación nacional acorde a estos tiempos para acompañar la sanción a los incumplidores.
Cabe recordar que tanto los ingresos como las salidas de la base de datos oficial, debe ser solicitada al STJ por el magistrado que lleva las causas de alimentos en su jurisdicción.
La normativa provincial de exposición y sanción de los alimentantes morosos viene de 1999, mediante la ley 3615, que luego se actualizó en 2020 en la provincia. Sin embargo, desde los años 2000, el Superior Tribunal inició la registración y relevamiento provincial.
