El Gobierno nacional convocó a los gremios estatales para discutir la paritaria del sector en una reunión virtual programada para hoy lunes 30 de diciembre al mediodía. Esta convocatoria se produce en un contexto donde el último acuerdo, alcanzado a fines de octubre, estableció un aumento salarial del 3% para el bimestre final de 2024.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) nacional calificó a esta reunión como “de forma tardía” y advirtió que “de nada servirá si el Gobierno no oferta una compensación por el deterioro salarial sufrido en los últimos 12 meses”. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, expresó su desconfianza, afirmando que “preferiríamos pensar otra cosa, pero todo indica que con este llamado el Ejecutivo monta una nueva teatralización”.
En la última negociación, realizada el 31 de octubre, se acordó un incremento del 2% en noviembre y del 1% en diciembre, además de una suma fija no bonificable de $30.000. ATE firmó en disconformidad, mientras que la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aceptó el acuerdo.
Desde ATE se sostiene que la llegada de Javier Milei al poder provocó una pérdida del poder adquisitivo del 40%, calculada en función de la inflación acumulada (112% en noviembre) frente a los acuerdos salariales (72% hasta el mismo mes). En contraste, desde el oficialismo argumentan que con la inflación a la baja (2.4% en noviembre), los aumentos deberían ser inferiores a ese índice.
La discusión salarial se desarrolla en un clima de incertidumbre, ya que el 31 de diciembre vencen más de 57 mil contratos dentro del Estado y aún no se sabe cuántos serán discontinuados. Según datos oficiales, desde diciembre la planta estatal se ha reducido en más de 35 mil personas.
La situación es especialmente tensa en el Ministerio de Justicia, donde se anunció el despido de 2.400 trabajadores contratados a través de un convenio con ACARA, afectando notablemente a la Secretaría de Derechos Humanos. Además, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, informó que no se renovarán 104 de los 144 integrantes de la Defensoría del Público.
El conflicto entre ATE y el Gobierno no solo es salarial; también han cuestionado la necesidad de los exámenes de idoneidad impuestos a los empleados estatales. Aguiar demandó la anulación del Sistema de Evaluación Pública y abogó por incorporar a los trabajadores que aprobaron los exámenes.
Cabe recordar que Aguiar lanzó una advertencia al Gobierno sobre posibles despidos y enfatizó que “el 2025 tiene que ser el año en el que le robemos la motosierra y les cortemos la cabeza a ellos”, refiriéndose a los miembros del gobierno nacional. Además, subrayó la necesidad de recuperar el poder adquisitivo y evitar más recortes en el Estado.
Fuente: Infobae
