El Gobierno nacional oficializó el aumento de tarifas eléctricas que comenzará a aplicarse desde diciembre, con un ajuste promedio del 2,5% en las facturas. Esta medida afecta a las empresas proveedoras Edenor, Edesur, Distrocuyo S.A., Transpa S.A., Epen, Trasnoa, Transcomague, Transnea, Transba y Transener, y se formalizó mediante la publicación de los nuevos cuadros tarifarios por parte del Ministerio de Economía y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
El incremento es parte del proceso de ajuste de precios de los servicios públicos y se desglosa en diferentes categorías, como el Costo Propio de Distribución (CPD), el Costo de la Energía Suministrada en Malas Condiciones (CESMC) y el Costo de la Energía No Suministrada (CENS), según los niveles de consumo y tipo de usuarios. Este aumento es el último de este tipo para el año y llega justo antes de la temporada de verano, cuando el consumo de energía tiende a aumentar debido al calor y, posiblemente, a cortes de luz por la sobrecarga de las redes de distribución.
Además, el ajuste se produce en el marco de un contexto más amplio, en el que el gasto en servicios públicos sigue representando una proporción significativa del salario mínimo. Según datos del Observatorio de tarifas y subsidios IIEP (UBA-CONICET), una familia promedio destina el 50% de su salario a cubrir necesidades energéticas, de transporte y de agua potable. Aunque la canasta de servicios públicos experimentó una desaceleración en su aumento durante noviembre, la energía eléctrica y el agua siguen siendo dos de los principales rubros de gasto.
Este ajuste en las tarifas eléctricas refleja un esfuerzo del Gobierno por equilibrar el costo de los servicios públicos con las necesidades del sistema energético, mientras se enfrentan desafíos como el aumento de la demanda y la necesidad de mejorar la infraestructura de distribución.
