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La Justicia concluyó que la yerba retenida por el Gobierno “no estaba en mal estado”

El juez Daniel Rafecas archivó la denuncia de la ministra Pettovello por el supuesto direccionamiento en la compra de paquetes de yerba y confirmó que estaba apta para ser consumida por las personas.

24 noviembre, 2024
TRAGO AMARGO. La Justicia falló contra Sandra Pettovello por la supuesta compra de yerba mate en mal estado adquirida por el Gobierno anterior.

TRAGO AMARGO. La Justicia falló contra Sandra Pettovello por la supuesta compra de yerba mate en mal estado adquirida por el Gobierno anterior.

Otro revés judicial para el Ministerio de Capital Humano desnudó la falsedad de los argumentos de su titular, la ministra Sandra Pettovello, para justificar el recorte de políticas alimentarias.

A contramano de la denuncia de la funcionaria, el juez federal Daniel Rafecas decidió archivar por inexistencia de delito, la causa por el supuesto direccionamiento durante el gobierno anterior de la compra de 12 millones de paquetes de yerba de 1 kilo, que la cartera decía -además- que estaba en mal estado, no apta para ser consumida por humanos.

El pasado 1 de septiembre, desde la subsecretaría Legal del Ministerio de Capital Humano aseveraron a la Justicia que solo restaba distribuir el 14% de las seis mil toneladas de alimentos del Estado que estaban vencidos o por vencer, en Villa Martelli y Tafí Viejo.

En la investigación judicial intervino el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y se sumó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que analizaron muestras.

“Ambos concluyeron que los productos correspondientes a las firmas ‘Sierras del Imán’ y ‘El buen ojo’, que habían sido cuestionados, son aptos para el consumo de conformidad con los parámetros establecidos por el Código de Alimentos, quedando descartado el potencial peligro o daño para la salud”, dice la sentencia judicial.

También avala la evaluación del proceso licitatorio y de calidad que había hecho la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), que tenía convenio con el exministerio de Desarrollo Social mientras que el Instituto de la Yerba Mate no había recibido ni una sola denuncia sobre el tema.

Este argumento del presunto direccionamiento en la compra y el supuesto mal estado del producto había sido empleado por el Gobierno para arremeter contra exfuncionarios y organizaciones sociales que daban de comer en merenderos y comedores populares.

 

“Confuso copy & paste”

En el caso de la yerba mate, sobre la que se expidió el juez Rafecas, junto a la ministra Pettovello, también hizo afirmaciones (ahora refutadas por el fallo) la exsubsecretaria legal de Capital Humano, Leila Gianni, ahora lanzada a la carrera política mileísta.

La denuncia fue presentada el 3 de junio último, a modo de contraataque, unos días después de que saliera a la luz la imagen más palpable de la política de hambre: las 5.000 toneladas de alimentos acopiados en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo.

Este hecho llevó a otro magistrado, Sebastián Casanello, a dictar una medida cautelar que le ordenaba al Gobierno elaborar un plan de distribución de lo que tenía guardado, entre otras cosas, leche en polvo a punto de vencer. La causa se había iniciado cuando el dirigente Juan Grabois denunció la interrupción de la entrega de alimentos a comedores comunitarios.

Pero este no es el primer revés judicial contra Capital Humano. El juez federal Ariel Lijo archivó el mes pasado una de las primeras presentaciones judiciales de Pettovello-Gianni donde se cuestionaba a la exsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia por supuestos “desembolsos sin control” y desvíos de fondos destinados a Espacios de primera infancia.

El fiscal Franco Picardi advirtió que la denuncia consistía en “un confuso copy & paste” de un informe viejo de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que contenía simples observaciones administrativas sobre rendiciones de cuentas, que incluso habían sido subsanadas.

La propia SIGEN había dado cuenta de esas mejoras, pero esta parte la omitieron. Presentaron el material como si fueran “gestiones, auditorías e investigaciones” propias.

Cuando la fiscalía le pidió a Gianni ese material, no entregó nada. Picardi y Lijo concluyeron que no había ningún delito para juzgar.

 

El estado real de la yerba

“Despejadas las dudas acerca de la calidad de la yerba mate y su potencial daño a la salud y descartada la posible intervención espuria en el proceso licitatorio por parte de la casa de estudios que analizó dichos productos, no existen otros elementos que avalen la hipótesis de un posible direccionamiento de la licitación en favor de las empresas seleccionadas o permitan comprobar comisión de alguna conducta delictiva o que resulte susceptible de reproche en este ámbito”, dice el fallo de Rafecas.

“No han surgido a lo largo de la investigación –agrega– elementos de prueba que den cuenta de un comportamiento de los funcionarios intervinientes tendiente a la obtención de un lucro o beneficio indebido para sí o para alguno de los sujetos que intervinieron en las conductas denunciadas, como para tener por acreditado” un delito, como el de administración fraudulenta que invocaba Gianni.

“Tampoco se pudo vislumbrar un perjuicio económico concreto en las arcas del Estado nacional como para cumplir con el daño al patrimonio estatal…”, concluye la sentencia.

Capital Humano había difundido en varios medios que la exministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y el exjefe de Gabinete Agustín Rossi, eran responsables con su firma de la compra, que describían como irregular de los 12 millones de kilos de yerba por $18.200 millones. El argumento era que la licitación estaba direccionada y la yerba en mal estado. Mostraban un estudio privado realizado con anterioridad sobre muestras de la yerba en cuestión.

 

El rol del INYM

Objetaban, además, que hubiera intervenido la UNSAM “avalando la calidad en la yerba” y consideraban que se hizo para eludir al Instituto Nacional de la Yerba Mate, ante lo que el juez dice que era con esa casa de estudios que el ministerio tenía convenio y con el Instituto en cuestión ni siquiera lo tenía el Gobierno actual.

Es más: fue el propio Instituto que dirigió una nota a Capital Humano en julio de este año, en el que le solicita que evalúe la posibilidad de ser el encargado de controlar la yerba mate destinada a sectores socialmente vulnerables adquiridas en licitaciones públicas.

El juez cuestiona que “el propio ministerio que realiza la denuncia no prevé que sea el Instituto de la Yerba Mate cuya falta de intervención en la licitación objeta, la entidad exclusivamente encargada de certificar los productos en cuestión”.

Agrega que ese Instituto no había recibido denuncias pese a informaciones que trascendían en algunos medios ni tampoco el Ministerio de Salud de Misiones.

El propio Ministerio de Capital Humano informó a través de la Unidad de Auditoría Interna que no había recibido ninguna solicitud para hacer auditorías no planificadas sobre la licitación de la yerba y la resolución afirma que “las auditorías llevadas a cabo por ese ministerio no incluyeron la denunciada en la presente” (sic) causa. Es decir: no se sabe de qué auditoría hablan.

Capital Humano mandó muestras de yerba mate adquirida en 2023 de las marcas “Sierras de Imán” y “El buen ojo” al Senasa. El juzgado encomendó igual tarea al INAL.

Ambos estudios arrojaron que la yerba estaba en buenas condiciones y podía ser consumida. Así, dice el juez, “la opinión vertida por la UNSAM, puesta en duda por el Ministerio de Capital Humano, fue ratificada por dos de las entidades que analizan la yerba mate, una de ellas a requerimiento del propio organismo denunciante”.

 

“Falta de higiene”

En el contexto de este expediente, en agosto último se hizo una inspección en el galpón de Villa Martelli donde estaban parte de los miles de kilos de alimento acopiado y habrían encontrado excremento de gato en la mercadería y olor a orín rodeando los productos allí acopiados.

El fallo lo describe así: “Detectaron distintas no conformidades e incumplimientos al Código Argentino de Alimentos, tales como falta de higiene en general, presencia de plagas, envases de alimentos y humedad”.

En una segunda inspección pusieron todo en orden y “se determinó que el establecimiento se encontraba en adecuadas condiciones de higiene, mantenimiento y apto para el almacenamiento de alimentos en condición de no refrigerados, quedando el mismo sujeto a inspecciones de seguimiento”.

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Tags: Daniel Rafecasmercaderías en galponesMinisterio de Capital HumanoSandra PetovelloYerba Mate
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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