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Héctor Jabornicky, el polémico abogado que litiga con la matrícula cancelada por el STJ

Es posadeño, tiene 52 años y causas en el Colegio de Abogados desde 2001. En 2021 el Superior Tribunal de Justicia ratificó su suspensión para ejercer su profesión. Pero se presenta en despachos judiciales y dependencias de la Policía como un letrado activo.

24 octubre, 2024
ABOGADO INHABILITADO. Alejandro Jabornicky se desenvuelve por comisarías y juzgados como un “doctor” autorizado.

ABOGADO INHABILITADO. Alejandro Jabornicky se desenvuelve por comisarías y juzgados como un “doctor” autorizado.

No son pocas las denuncias presentadas ante el Colegio de Abogados de Misiones (CADEMIS) que lo señalan como un letrado que engañó a sus clientes, cobró honorarios y las causas que prometió iniciar en los fueros Civil y Penal de la Justicia misionera, o no avanzaron o directamente no se iniciaron. O aún más graves, sus maniobras le provocaron pérdidas de bienes familiares a trabajadores de escasos recursos.

El posadeño con estudio jurídico en el barrio Rocamora, Héctor Alejandro Jabornicky, tiene 52 años y las cifras de su palmarés profesional lo resaltan como un abogado que trajina pasillos judiciales y dependencias policiales con catorce expedientes con sanciones en el Tribunal de Disciplina del CADEMIS.

Desde el 2001, se registran antecedentes por mal desempeño. Incluso en causas que se judicializaron y llegaron a los estrados, como el del Tribunal Penal 1 de la Primera Circunscripción Judicial, donde fue denunciado por obstaculizar el curso de la Justicia.

Entre las violaciones al Código de Ética del CADEMIS, también se lo investigó y sancionó por cobrar anticipos de dinero a detenidos por robo calificado y no presentarse ante el juzgado respectivo a responder por la defensa del imputado.

De acuerdo a la información oficial que PRIMERA EDICIÓN logró acceder, y considerada de carácter pública por hechos juzgados, citar nombres y causas que involucran a Jabornicky respecto a su desempeño, superaría el espacio disponible para cualquier medio de comunicación.

Entre los primeros apercibimientos públicos que fue notificado, se destaca una denuncia de una mujer que le otorgó un poder general para dos trámites judiciales por los que cobró adelanto y tres cuotas en efectivo por sus “honorarios”. A su clienta, para que no quiebre la confianza depositada le dio copias con actuaciones y sendos números de expedientes y juzgados, pero cuando la mujer fue a cotejarlos frente a la sospecha de inacción, confirmó que los expedientes no existían.

En su derecho, el abogado sancionado apeló la sanción del Tribunal de Disciplina (TD) y finalmente el STJ la ratificó en noviembre de 2004.

 

 

Pero también registra apercibimientos privados. Un colega lo denunció por violar el Código de Ética en 2001 y dos años después el TD lo sancionó. La queja de Jabornicky fue rechazada al año siguiente, en septiembre de 2004 por el STJ.

La primera suspensión de la matrícula para Jabornicky llegó en noviembre de 2005 y vinculada a un expediente en un juzgado Civil y Comercial de Posadas por un siniestro vial de una empresa de transporte urbano de pasajeros. Fue denunciado por no comunicar el acuerdo transaccional que celebró por un siniestro vial, causa en la que representó a la víctima y a la que solo le entregó una cuota de 900 pesos. El resto del acuerdo para evitar el juicio civil jamás fue percibido por la denunciante. En 2006 el STJ, una vez más, ratificó la sanción del TD del CADEMIS.

La lista continúa con otra sanción en 2012 de seis meses de suspensión por retener documentación de un cliente. Este hecho fue denunciado en la Justicia Penal y la intervención del STJ confirmó la suspensión de matrícula.

En síntesis: lo denunciaron catorce clientes ante el Tribunal de Disciplina entre 2001 y 2021. En total fueron 18 los abogados que analizaron sus acusaciones durante seis conformaciones del TD. Sin olvidar, los cuerpos del Superior Tribunal de Justicia.

 

Colisión con la ética

Como lo dijo una de sus denunciantes ante la consulta de este Diario: “A Jabornicky no le importa nada, dejar gente en la calle, con mi padre perdimos una chacra de 25 hectáreas en el interior y un terreno por confiar en que iba a hacer la sucesión de bienes como correspondía. Nunca cumplió con ni un trámite, fui al Juzgado Civil y confirmé que no había hecho nada y durante dos años nos cobró cuotas de honorarios mensuales de 30 mil y 12 mil pesos, y hablo del año 2008, lo denuncié por la estafa, fui al Colegio de Abogados”.

El jueves 22 de abril de 2021, Héctor Jabornicky fue notificado de la cancelación de su matrícula. Con la firma del ministro Cristian Marcelo Benítez, el Superior Tribunal de Justicia rechazó su apelación al último fallo del TD del CADEMIS: “Por violación de los artículos 1, 2, 5, 6 y 33 del Código de Ética”.

Tags: #JudicialesAbogadoHéctor Alejandro JabornickyMisiones
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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