El director ejecutivo de la Red Yaguareté, Nicolás Lodeiro Ocampo, reclamó este jueves que el caso de la cachorra de yaguareté que murió atropellada en Puerto Península a principios de mes, presuntamente por un vehículo que circulaba a velocidad excedida, pase lo antes posible al ámbito de la Justicia Federal, teniendo en cuenta que el incidente se produjo sobre una ruta nacional.
Es que “la ruta nacional 12, si bien atraviesa un parque provincial que es donde atropellan a esta hembra, es de jurisdicción federal, por eso sí o sí tiene que ir a la Justicia Federal. De hecho, en 2012, pasó con la primer cachorrita que atropellan casi en el mismo lugar, Ecología intentó avanzar en la causa y lo que los dejó fuera de combate fue que la Justicia provincial entendió que era jurisdicción federal. Por eso ahora no podemos a volver a caer en el mismo error“, planteó.
En diálogo con la FM 89.3 Santa María de las Misiones, Lodeiro Ocampo recordó además que “en la historia de la Justicia provincial nunca se resolvió ningún caso de atropellamiento” de fauna, y entiende que desde la Justicia Federal sí podría haber “otra mirada” que permita que avancen las investigaciones.
En cualquier caso, admitió que será difícil comprobar judicialmente que el vehículo involucrado en el atropello circulaba efectivamente a mayor velocidad de la permitida, por más que “sabemos que nadie respeta las velocidades máximas” en las vías que atraviesan las áreas protegidas de Misiones.
El ambientalista también expresó a la radio de PRIMERA EDICIÓN su satisfacción por el hecho de que la Provincia de Misiones haya establecido la obligatoriedad de que la Fiscalía de Estado asuma la representación legal y defensa ante la Justicia de todo yaguareté que resulte damnificado por el incumplimiento de las normativas vigentes, porque viene a ordenar el protocolo de actuación.
“Lo que tiene que hacer el fiscal de Estado, obligadamente ahora, es ver si ya se identificó la empresa, como dicen; ver qué medidas de prueba está haciendo la Justicia para llegar a establecer si el vehículo en cuestión circulaba en exceso de velocidad; y si circulaba a esa velocidad, ahí la persona quedaría imputada y debería tener una sanción penal y después una sanción económica por la vía administrativa, que ahí sí es potestad del Ministerio de Ecología”, en lugar de ser la cartera ambiental la que se encargue directamente de la investigación, como venía ocurriendo.
Lodeiro Ocampo entiende que la “misión” de Fiscalía de Estado será “impedir que la causa prescriba, es decir que se queden quieta sin ningún avance hasta que los tiempos procesales se venzan y se garantice la impunidad, como siempre pasaba: que cayera algún juzgado que no investigaba nada o investigaba muy poquito, la vida continuaba y la causa finalmente prescribía porque pasaba el tiempo sin que se agreguen pruebas”.
