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La “Ley Nicolás” obtuvo dictamen con apoyo misionero para avanzar

El proyecto sobre calidad y seguridad de la atención sanitaria se encamina a ser sancionado. En ello intervino el misionero Carlos Arce, con el impulso de Gabriela Covelli, que preside la ONG “por la vida y la salud”.

17 octubre, 2024

Ayer fue un día muy importante para las familias que perdieron a sus hijos por mala praxis médica y problemas de atención en el ámbito de la salud. Las comisiones de Salud y Legislación del Senado nacional dictaminaron el proyecto de ley sobre calidad y seguridad de la atención sanitaria, que es conocida como “Ley Nicolás”. La impulsora de la medida es Gabriela Covelli, presidenta de la Asociación Civil por la vida y la salud y madre de Nicolás Deanna, víctima de mala praxis.

El proyecto cuenta con media sanción de Diputados, donde obtuvo 149 votos afirmativos, ninguno negativo y una abstención. Se demoró su avance en el Senado por la tardía constitución de la Comisión de Salud. Pero no hay mal que por bien no venga: un misionero fue electo vicepresidente y se conectó con Covelli para acelerar el tratamiento.

Carlos Arce y Gabriela Covelli compartieron ayer elogios y emociones durante el programa “Primera Plana”, que se emite por FM 89.3 Santa María de las Misiones y canal 9 Norte Misionero.

“Gabriela fue un testimonio muy conmovedor y, sobre todo, muy objetivo a pesar del dolor. Relató objetivamente todo lo que le ocurrió a Nicolás y nos comprometió a todos a tratar en el recinto esta ley”, sostuvo Arce.

“Vi por Youtube la sesión de la comisión y grabé las declaraciones del senador Arce que fueron impecables. Siendo médico además de senador fue muy humano. Para nosotros, teniendo en cuenta el dolor por el que pasamos, la delicadeza y la humanidad es parte de ayudarnos a sobrellevar el dolor”, dijo a su vez Covelli.

El senador por Misiones indicó que “puede haber ciertas interpretaciones pero, para nosotros, es una ley de seguridad y calidad sanitaria, una ley preventiva y no punitiva; está alineada a políticas internacionales y sobre todo, teniendo en cuenta las estadísticas internacionales, que hablan de los efectos adversos en el 10% de los actos médicos. Y es una ley que nos compromete no solo a los médicos sino a todo el equipo de salud. Tener una normativa para humanizar la salud es muy importante”.

Aseguró que “fue muy emocionante, tendrían que haber visto la cara del hermano de Nicolás cuando vimos la sesión. No tienen idea de lo que fue para todas las familias de la ONG que miramos la sesión, el estar consiguiendo esta ley que para nosotros es la representación de nuestros hijos, de nuestros seres amados y queridos para que no vuelva a ocurrir”, remarcó Covelli y anticipó que una vez sancionada la ley, “Argentina estará dentro de los más altos estándares que establece la Organización Mundial de la Salud en la atención sin causar daños, evitándolos como también las muertes evitables”.

Arce asumió un compromiso: “Trataremos de llegar lo antes posible al recinto, concluyendo que la medicina no puede asegurar resultados sino métodos correctos, que es lo que debemos implementar todos los profesionales de la salud. Esta ley promueve la auditoría, el equipamiento, el recurso humano, el proceso de selección para mejorar la calidad de atención”.

 

Los puntos más importantes

La abogada Gabriela Covelli, presidenta de la Asociación Civil “Por la Vida y la Salud”, detalló en la entrevista algunos de los puntos centrales del dictamen.

• “Se pondrán jornadas de trabajo para los médicos de 8 horas porque no es lo mismo un médico en su atención dentro de las primeras cuatro horas que aquel que lleva 24 horas en la guardia de un hospital. No se le puede requerir la misma atención”.

• “Se creó dentro del SISA, el RUDEC que es un espacio donde las instituciones públicas y privadas deberán denunciar los efectos adversos, que no son solo de mala praxis sino de cosas que no deberían ocurrir y que no son culpa de un profesional. Se pide esto para que podamos estudiarlos y que Ministerios y expertos puedan solucionarlos y prevenirlos a futuro”. En este punto Carlos Arce agregó que “hay algo que es fundamental en los registros: esto no inhabilita a la ley del derechos de los pacientes y de acceso a la información pública. El paciente tiene todo el derecho de saber quién lo está atendiendo y si el médico tuvo problemas en otra jurisdicción. Es bueno que haya un registro unificado para saber si el médico está habilitado a atender en la especialidad que dice tener para que el paciente elija con información pública”.

• “Vamos a tener una estadística en Argentina de cuáles son estos eventos adversos y los centinelas”.

• “La obligación de tener en la currícula universitaria de carreras de la salud, las materias de seguridad del paciente y humanización de la medicina”.

• “Habrá un Registro de los médicos que hoy existe pero tenemos derecho los ciudadanos saber qué médicos fueron sancionados judicialmente. No es alguien procesado sino inhabilitado”.

• “El 17 de septiembre será el día de la seguridad del paciente”.

• “El órgano de aplicación será el Ministerio de Salud Pública”.

“Con esto se da la primera frase que escribí en la foto de mi hijo: ‘Si tu vida derramó tanto amor, que tu partida sirva para salvar a otros’”, aseguró Covelli visiblemente emocionada por la novedad del dictamen legislativo por el que tanto luchó en estos meses.

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Tags: #saludCámara de SenadoresLey Nicolás
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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