Pocas horas después de la decisión de los jueces Gustavo Arnaldo Bernie, Viviana Gladis Cukla y Fernando Luis Verón de imponer 16 años de prisión efectiva para Brayan Casso Acosta, acusado de asesinar a puñaladas a su compatriota colombiano Gustavo Rojas Gallego (32) y de hurtarle una motocicleta y una caja de seguridad portátil en su departamento en el barrio Yacyretá en febrero de 2021, los familiares y el abogado querellante de la víctima fatal reiteraron que aguardarán los plazos previstos y recurrirán hasta la Corte Suprema de Justicia para revertir la sentencia del Tribunal Penal 1 de la Primera Circunscripción Judicial, la que consideraron una “burla y vergüenza”.
“Vamos a esperar la lectura de los fundamentos del tribunal, el 15 de octubre próximo y luego presentaremos la casación correspondiente. El fallo es una vergüenza para este querellante y para la familia que represento”, remarcó Ignacio Peña, abogado.
Respecto a los tiempos para recurrir al órgano de alzada, en este orden el Superior Tribunal de Justicia de Misiones, a partir de la lectura de los fundamentos de los jueces Bernie, Cukla y Verón (subrogante) correrán diez días hábiles para presentar el recurso.
Para el fiscal del Tribunal Penal 1, Marín Alejandro Rau, rige el mismo tiempo.
“Si la respuesta del STJ no revierte esta sentencia absurda, seguiremos apelando a la Corte Suprema, vamos hacer la reserva federal pertinente”, resaltó el querellante Peña.
La decisión del TP-1 contrastó con los alegatos no solo de Fiscalía, que solicitó la prisión perpetua para Casso Acosta por “homicidio criminis causa y robo” y de 15 años de cárcel como partícipe secundario para José Ramón Ramírez, misionero de 28 años, quien admitió haber participado en el hecho en la chacra 103 durante la noche del sábado 27 de febrero de 2021, pero no haberlo atacado y quitado la vida a Rojas Gallego. Lo señaló a Casso Acosta como responsable del asesinato.
Pero no fue la única voz que perjudicó al joven colombiano en el homicidio, también los cinco cuerpos del expediente (1.300 fojas) que contienen evidencias y pruebas clave y que el fiscal detalló en su alegato el pasado lunes. Describió las 23 heridas con cuchillo, de ellas las tres lesiones que le destrozaron la tráquea hasta perforarle la aorta. Además de la posible procedencia del arma blanca, los informes forenses, pericias de salud mental.
También los resultados positivos de ADN obtenidos de manchas de sangre de Rojas Gallego en un boxer secuestrado a Casso Acosta en la vivienda de su pareja, donde lo detuvieron, a pocas cuadras de la escena del crimen 48 horas después y los rastros genéticos en el baño, en un picaporte de la casa del colombiano atacado que correspondían al victimario y también en un barbijo con los rastros de ambos.
Lo curioso ante la decisión del tribunal fue que lo expuesto del expediente no fue contrapuesto o puesto en duda por las defensas de ambos acusados: Mario Ramírez, defensor oficial y padrino legal de José Ramírez y Lilia Vargas.
El fiscal solicitó una condena de prisión perpetua para Casso Acosta como autor de “homicidio criminis causa”, de matar para ocultar el robo.
El alegato de la defensora particular de Casso Acosta, Lilia Vargas, apuntó con adjetivos la labor del fiscal Rau: “Acaba de montar una película de plataformas (Netflix se infiere, por ejemplo) y lo único real es que Casso se fue de la casa de Rojas porque le tenía miedo”.
Resumió el homicidio en un “estallido emocional” de su defendido, 23 puñaladas. No contradijo ninguna prueba y solicitó el mínimo de condena previsto por la calificación de “homicidio atenuado por emoción” (artículo 81, inciso 1-A del CPA).
