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Herrera Ahuad confirmó que el jueves se votará la expulsión de Kiczka y defendió la creación de una fiscalía de ciberdelitos

El presidente de la Legislatura explicó a FM de las Misiones, entre otras cosas, que será el Tribunal Electoral el que deberá determinar que ocurrirá con la banca del diputado de Activar detenido por presunta pedofilia.

9 septiembre, 2024

En una entrevista exclusiva con FM 89.3 Santa María de las Misiones y Canal 9 Norte Misiones, el presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, se refirió por primera vez sobre la causa contra el diputado provincial de Activar, Germán Kiczka, quien junto a su hermano Sebastián están detenidos acusados de por el delito de “tenencia, consumo y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI) con la participación de menores con edad presunta inferior a los 13 años”

En primer lugar, el también exgobernador, confirmó que la votación para la expulsión de Kiczka se llevará a cabo el próximo jueves, indicando que “la comisión ya realizó todas las intervenciones necesarias en los diferentes ámbitos, incluyendo la justicia y notificaciones.”

“Descontamos ya la expulsión del diputado como lo ha determinado la comisión investigadora“, agregó. Es que tanto el oficialismo como la oposición presentaron proyectos pidiendo la salida del legislador puertista, los que se terminaron unificando en el dictamen.

Al ser consultado sobre su opinión personal respecto a todo lo sucedido, Herrera Ahuad marcó: “Nosotros, como Frente Renovador, fuimos claros y contundentes desde el primer día. Asumimos con enorme responsabilidad el manejo de este caso”.

En ese sentido, en un mensaje a algunos sectores de la oposición, cuestionó a quienes plantearon en un principio que la investigación  era “impulsada por motivos políticos” y recordó que la causa se originó “en otros ámbitos”.

“El ingeniero Rovira fue muy claro en las responsabilidades que nos caben desde el espacio de la política que tenemos cada uno, que conformamos las diferentes áreas. Creo que con esa contundencia y mucha responsabilidad lo trabajamos a este caso que ha sido devastador y que ha dejado una huella muy profunda y muy dura en la sociedad y en la política misionera”, lamentó.

 

El futuro de la Banca de Kiczka

Sobre qué debería suceder con la banca de Kiczka tras su expulsión (para el oficialismo debe quedar vacante, mientras que para la oposición debe asumir el radical Javier Mela), Herrera Ahuad prefirió no emitir una opinión personal. “No es lo que yo considero, sino que es lo que se debería hacer”. En ese sentido, aclaró que “nosotros vamos a trabajar de acuerdo a lo que se interpreta en la Constitución de la provincia, en el reglamento de la Cámara”.

El titular de la Legislatura resaltó que, una vez que se cuente con todas las consideraciones necesarias, el asunto deberá ser discutido en el “ámbito que corresponda”. Expresó que se trata de “cuestiones mucho más profundas donde claramente la política es responsable de resolver las cuestiones de la política.”

No obstante, dejó en claro que la decisión final estará en manos del Tribunal Electoral de la provincia, que contará con “el asesoramiento jurídico de la Cámara”.

 

Defensa a la fiscalía de ciberdelito

Herrera Ahuad coincidió en que el caso Kiczka mostró la necesidad de adaptar las leyes y reglamentos a los desafíos que plantea el mundo actual, especialmente en lo que respecta a los ciberdelitos y la comunicación digital.

“Creo que una de las discusiones más importantes es trabajar sobre el área jurídica que contemple los ciberdelitos(…) Hay que volver a pensar en marcos jurídicos, marcos normativos para estas cuestiones que cada vez se hacen más frecuentes en el mundo”, enfatizó.

Herrera Ahuad confirmó que el jueves se aprobará la expulsión de Kiczka

En este punto, el exmandatario provincial realizó una férrea defensa al proyecto que presentó el vicepresidente de la Cámara, Carlos Rovira, que planteó la creación de una Fiscalía Especializada en Ciberdelitos y que fue muy cuestionada por sectores de la oposición.

“El ingeniero Rovira dio el puntapié inicial para una ley que contempla una secretaría que va a tener a su cargo la determinación de estos crímenes y de estos delitos que se generan a través de la  comunicación, que muchas veces se dan a través de los dispositivos digitales”, planteó Herrera Ahuad.

Posteriormente, enfatizó que la causa contra el diputado imputado no solo impactó en la política, sino que lo hizo en el amplio tejido social. ” Es un caso muy duro, todas las palabras que se puedan decir de aberrante para arriba son todas las que se han utilizado y las que uno puede decir en base a lo que se vio”, agregó.

 

“Golpeó a la sociedad”

Herrera Ahuad reconoció que el caso ha golpeado fuertemente a la sociedad, y por ende, a la política. “Entiendo que ha golpeado fuertemente a la sociedad, en la sociedad entra la política y entramos todos”, comentó, añadiendo que el caso es “aberrante” y que “todas las palabras que se puedan decir son pocas en comparación a la magnitud del mismo.”

En ese momento, retomó el pedido “dar todas las discusiones en todos los ámbitos“.

“En el de la justicia para cuidar y proteger. En el  legislativo para poder generar normativas que den seguridad jurídica y den seguridad a quienes utilizan este tipo de cibercomunicación, para generar en la población un marco de seguridad también sobre lo que se consume en materia digital”, ejemplificó.

El viernes, la Justicia llevó adelante una requisa en la oficina de Kiczka en el anexo de la Legislatura, donde secuestraron una notebook, una PC y un pendrive.

Herrera Ahuad explicó que, tras la expulsión dictaminada por la Comisión Investigadora, la Cámara solicitó la intervención del juez encargado del caso para realizar el procedimiento. “El juez no puede ingresar a lo que es el ámbito legislativo para realizar este tipo de requisas,” subrayó, explicando que, por esta razón, fue la propia Cámara la que tomó la iniciativa de solicitar la intervención judicial.

El presidente detalló que la oficina del diputado Kiczka fue cerrada y lacrada inmediatamente después de su desafuero, asegurando la protección de todo el material que allí se encontraba.

El juez se apersonó e hizo la requisa correspondiente y llevó todos los elementos necesarios que consideraba para continuar con las evidencias de la causa,” concluyó.

 

Respuesta a la oposición

Días atrás, Rovira se refirió en un comunicado al caso Kiczka y pidió sanciones a “los partidos y frentes que incorporan a estos sujetos a la actividad, como correctivo”, en un mensaje a Juntos por el Cambio que incluyó al hombre cercano a Pedro Puerta en su nómina en 2021.

Luego, la oposición respondió con otro escrito donde donde, rechazaron sus acusaciones y cuestionaron el pedido de sanciones. Además, algunos referentes de ese partido denunciaron un “aprovechamiento político” de la Renovación.

Sobre este tema, Herrera Ahuad, aclaró que “no podría responder por los demás”,  aunque calificó como “contundente” el escrito de Rovira.

“Si yo soy dueño de una empresa y elijo mal mis empleados, yo también soy responsable. En una cuestión particular mía, también me sentiría responsable, no trataría de exculparme con estas cuestiones. Creo que allí viene la primera mea culpa que se debe hacer la política con respecto a esto, es decir, no es culpa de él, siempre el dedo marcándole al que está al frente, sino también decir hasta dónde están nuestras responsabilidades”, enfatizó en un mensaje a la oposición.

Además, sostuvo que en casos judiciales que se vieron involucrados funcionarios oficialistas, ” se han tomado las medidas correspondientes en ese momento y se hablaron de esas cuestiones en ese momento”.

“Creo que no tienen absolutamente nada que ver un tema con el otro. Este (Kiczka) es un tema que requirió con los elementos de prueba y repudio desde el primer momento y una mea culpa es decir, nos equivocamos”, sentenció.

 

La cuestión de los fueros

Otro tema que surgió en la entrevista fue el de los fueros parlamentarios.

Herrera Ahuad aclaró que los fueros “no te dan una protección” frente a la justicia si se está cometiendo un delito en flagrancia.

Destacó la necesidad de interpretar correctamente lo que significan los fueros, ya que ” no significan inmunidad total ante la ley”.

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Tags: ActivarciberdelitosGermán KiczkaLegislatura misioneraOscar Herrera Ahuad
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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