Siete veces fue citado a indagatoria el fiscal general federal de la provincia Rubén González Glaría, investigado desde el 2021 por varios delitos referidos a su desempeño como funcionario público. Su defensa había apelado la decisión del juez federal de habilitar el pedido de desafuero al considerar injustificadas tantas ausencias. Finalmente, ya no le quedarían alternativas para que el fiscal federal (con licencia) continúe su elusión de la Justicia.
La Cámara Federal de Posadas avaló lo actuado por el juez federal José Luis Casals y resolvieron “no hacer lugar al recurso de queja por apelación denegada formulada por la defensa del Dr. Rubén A. González Glaría”.
En su oportunidad, los defensores Maximiliano H. Rusconi y H. Gabriel Palmeiro, sostuvieron que “la decisión de Casals incurrió en arbitrariedad al denegar el recurso por el que plantearon como arbitraria una decisión que le resultaba propia, en cuyo marco señalaron que el juez omitió pronunciarse sobre el planteo de la defensa que se encontraba debidamente motivado y versaba sobre la violación al derecho de defensa, el debido proceso y el derecho del imputado a contar con una instancia de revisión”.
Entre sus considerandos los jueces de Cámara Ramón Luis González y Mirta Gladis Sotelo de Andreau, citaron lo dicho por el juez Casals, respecto a que no era vinculante la opinión de un perito de parte respecto al estado de salud del encartado. Además, subrayaron el informe de los peritos de la Corte Suprema de la Nación, cuya conclusión en la junta médica se encuentra avalada y sí es vinculante. “No así lo que pueda dictaminar un perito de parte, cuya imparcialidad no se encuentra garantizada”.
En este sentido, en base a las averiguaciones realizadas anteriormente por este Diario, Glaría se encontraba internado en una clínica psiquiátrica en la provincia de Córdoba.
En su dictamen la Cámara recordó lo expresado por el juez federal: “el acto procesal de llamado a declaración indagatoria se encuentra firme y resulta válido”.
Respecto a la opinión del fiscal general de la Nación Pablo Turano, los camaristas remarcaron que el representante del ministerio público considera que “debe repararse en el hecho que en su presentación, la propia defensa manifiesta la voluntad del imputado de presentarse a declarar, inclusive sugiriendo como fecha de audiencia el día 26/8/2024, por lo que concluye que el acto que motivara el cuestionamiento inicial no fue llevado a cabo y, por ende, los supuestos efectos que hubieren motivado la nulidad ya no existen”.
Denuncias
Tal como lo adelantó este Diario, los primeros pedidos de indagatoria del fiscal Turano fueron remitidos el 21 de agosto y 16 de septiembre de 2021 y surgieron tras la denuncia de Marcelo Quiroz, secretario de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas quien cuestionó el desempeño de González Glaría como funcionario.
Uno de ellos tiene como víctima a Silvina Bogado, prosecretaria letrada de la Fiscalía General, quien durante cuatro años (2008-2012) fue contratada y, presuntamente, obligada a darle dos tercios de su salario mensual al fiscal general.
Otra denuncia apunta a la utilización “para uso personal” de una camioneta asignada a la Fiscalía General. “Quiroz señaló que tenían asignados dos vehículos en depósito judicial dispuestos por el Juzgado Federal de Oberá. Una camioneta Nissan Frontier a la que el fiscal general puso el seguro a su nombre y los informes migratorios registraron cruces al Paraguay durante dos años”.
