Cuando todo estaba previsto para que se desarrolle el debate oral y público, el imputado a través de su abogada, solicitó admitir la responsabilidad de los hechos y optar por el juicio abreviado.
Se trata de un joven de 26 años, identificado como Agustín Da Rosa, quien llegó al banquillo de los acusados por agredir a una menor de 17 años, a la que mantuvo cautiva y obligó a cavar una fosa donde pretendía ocultar su cadáver. El hecho, que conmocionó a gran parte de la comunidad, fue en 2022 en Itacaruaré.
Sin embargo, antes de firmar el acuerdo, las partes -la defensora del encartado y la fiscalía- advirtieron que uno de los agravantes que figuraban en la calificación legal con la que llegó a debate, en este caso “tortura por un particular”, es un delito que solo puede cometer un funcionario público. Por lo que se quitó dicho ilícito, y fue allí que el Tribunal Penal de Oberá, con buen tino y tras revisar el expediente, agregó y aplicó la perspectiva de género a la calificación final.
Fue entonces que Agustín Da Rosa fue condenado a diez años de prisión por los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravado por ser la víctima menor de 18 años, lesiones leves calificadas por el vínculo de pareja y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género en concurso real (Articulo 142 bis inciso 1º, 89 agravado por el 92, en función del artículo 80 inciso 1 y 11, 55 del Código Penal)”, en perjuicio de la adolescente, indicaron las fuentes.
Los jueces aún deben homologar la pena (que es la mínima para los referidos delitos según el acuerdo entre las partes). El Tribunal estuvo conformado por Francisco Clavelino Aguirre, Horacio Gabriel Paniagua y como subrogante, Jorge Erasmo Villalba.
En tanto la representación del Ministerio Público Fiscal estuvo a cargo de María Gisela Casafus de Castro, fiscal que acompañó la investigación en la etapa de instrucción. La defensa en tanto, estuvo a cargo de la letrada Epifanía Beatriz Bernal.
Inmutable
Tras la firma del abreviado el joven salió esposado del recinto y regresó a su lugar de reclusión. No hizo declaraciones ante los magistrados y estuvo inmutable.
Al lugar acudieron los siete testigos citados, entre ellos la víctima, su madre, unos vecinos que la ayudaron, un policía y un remisero de la zona de San Javier y que finalmente no declararon.
El caso salió a la luz el miércoles 30 de diciembre de 2022, cuando la madre de una adolescente de 17 años se presentó en la comisaría de Itacaruaré a denunciar que su hija estuvo secuestrada durante tres días por su novio, quien tras agredirla físicamente le hizo cavar un pozo en el cual intentó enterrarla. La joven pudo escapar por sus propios medios tras caminar varios kilómetros y pedir ayuda a pobladores de la zona. Inmediatamente la víctima fue asistida por personal médico que constató las lesiones y luego contenida por profesionales psicólogos.
Conforme avanzó la investigación, se supo que Da Rosa era pareja de la víctima.
Tras la citada denuncia la jueza de Instrucción 5 de Leandro N. Alem, Selva Raquel Zuetta, ordenó un allanamiento en el domicilio donde ocurrió el hecho, a la vera de la ruta provincial 2, en el municipio de Itacaruaré.
El acusado para ese entonces ya se había esfumado y nadie sabía de su paradero.
En la escena la policía secuestró varios elementos, los cuales la joven describió como los utilizados por su pareja para cometer el ilícito y propinarle lesiones, entre ellos, una pala y trozos de palos y maderas. Luego se supo que el imputado escapó como acompañante en un camión que salió desde Apóstoles. Fue interceptado y detenido durante un control policial dos días después de conocerse la denuncia, en la zona de Brazo Largo, provincia de Entre Ríos. Sospecharon que su intención era seguir huyendo en dirección a Buenos Aires.
