La tercera condena contra el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, es el final de un proceso penoso en el que cayó el país cuando las mediciones oficiales comenzaron a contradecir lo que ocurría en las góndolas y las economías familiares.
Desde entonces y hasta hoy las cifras que da a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) suelen no recibir la aprobación general, aunque en particular hay quienes las secundan siempre que sirvan para satisfacer el sesgo de autoconfirmación.
Sucede que la irregularidad en la que cayó el organismo cuando la política se metió de lleno en la cuestión técnica, y la metodología que se evidencia frágil a partir de otras mediciones más complejas y estructurales, como las que desarrolla el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, dejan siempre un manto de dudas sobre los resultados.
Eso y el contexto particular de la gran masa social que mes a mes cae en la pobreza echan siempre un manto de dudas sobre lo que pueda expresar el INDEC cuando se trata de pobreza, inflación, actividad económica o el rubro del que se trate.
Quizás con la condena a Moreno pueda comenzar a cerrarse el amplio margen de sospechas que los argentinos tienen sobre el principal organismo estatal de mediciones.
Moreno fue condenado a tres años de prisión y seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos por la manipulación de datos públicos durante los años 2006 y 2007.
El fiscal de la causa afirmó que se “alteraron indicadores cruciales como el IPC que afectó las mediciones de pobreza y estas manipulaciones han llevado a una desconfianza generalizada de las estadísticas oficiales. La inflación no tenía que pasar el 10% y lo lograban mintiendo”.
Fue una época turbia en la que la visceralidad política se metió de lleno en la práctica técnica y profesional. Fue un daño de consecuencias considerables que se perciben aún hoy.
