Personas ajenas a la comunidad mbya guaraní Mbokajaty (en San Ignacio) aprovecharon la ausencia durante el fin de semana de dos familias para derrumbar totalmente una de las viviendas y alcanzaron a destechar una segunda casa.
No es la primera vez que esta comunidad mbya denuncia agresiones y amenazas por parte de gente que se presenta como supuesta propietaria de esas tierras que fueron incluidas en el relevamiento territorial que el propio Estado realizó en el área (Ley 26.160).
Según denunció el Equipo de la Pastoral Aborigen de Misiones (EMiPA), este último domingo nuevamente esta comunidad fue víctima de un ataque, en el que destruyeron casas y posteriormente robaron los materiales caídos, e incluso pertenencias.
“Supuestos propietarios fueron a desarmar las casas de una familia. Tumbaron dos casas, llevaron las chapas que sacaron, cables de luz y hasta un molino que tenían para moler maíz”, relató el representante legal de Mbokajaty, Silvio Méndez.
Según explicó, una de las dos casas quedó totalmente destruida, mientras que la otra fue destechada, pero temen que vuelvan para seguir tumbando las paredes que faltan. Es por eso que este lunes el mburuvicha (cacique) Rosalino Ramos presentó una denuncia en la comisaría local, donde dejó asentado que la afectada fue Marina Ramos, su hija.
Nuevo ataque
El hecho ocurrió específicamente en Mbokajaty, a 500 metros de Mbokajaty 2. Junto con Mbokajaty 1, son comunidades que fueron relevadas en el marco de la Ley 26160 y comparten territorio, por lo que estos ataques los afectan de igual manera y se unen para realizar los reclamos.
Ahora, una familia entera se encuentra no solamente a la intemperie, sino además con el temor de que las represalias se intensifiquen y de ser agredidos físicamente.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, María Josefa “Kiki” Ramírez, señaló que “creemos que son las mismas personas que ya agredieron y amenazaron a la comunidad en otras oportunidades… en febrero del 2023 incluso, los guaraníes decidieron cerrar el camino de acceso a ambas comunidades para evitar que ingresen estas personas que querían construir una casa o algo así”.
“En mayo pasado, varios hombres entraron a la comunidad y machetearon los cultivos de cañas de azúcar y de ananá de los mbya guaraní… eran muy agresivos y maleducados en sus expresiones, dijeron cosas terribles a los indígenas e incluso los amenazaron con cortarlos con los machetes si se acercaban”.
Según precisó Kiki, en Mbokajaty, cuyo cacique es Rosalino Ramos, viven catorce familias. “Ambas familias afectadas por los daños en sus viviendas se vieron obligadas a ir a viven temporalmente en la casa de familiares”, contó.
Denuncia policial
El cacique y el asesor legal realizaron este lunes la denuncia policial, “los policías fueron al lugar y confirmaron los daños pero ahí quedó todo, no hubo ninguna detención y pareciera que no se inició ninguna investigación sobre lo sucedido”.
Para Ramírez, “aunque estas personas dicen ser propietarias del terreno pero es muy sospechoso su accionar… es evidente que no tienen pruebas legales porque de ser así recurrirían a la Justicia”.
No obstante, advirtió que incluso en el caso que tengan un título de propiedad, “es un conflicto que debe ser dirimido en el ámbito judicial porque los indígenas también tienen derechos”.
El territorio de la comunidad Mbokajaty fue relevado hace al menos diez años por el Estado. Luego del relevamiento, Yacyretá subió la cota y el agua cubrió sus casas y gran parte de la superficie original de la comunidad de más de 1.400 hectáreas. Las familias afectadas por el agua se trasladaron más arriba, siempre dentro del territorio relevado, y son esas mismas familias las que hoy padecen los embates del acoso y agresión de terceros.
“Le daremos nuestro apoyo”
La idiosincrasia del pueblo guaraní es reconocida por su espíritu tranquilo, pacífico y calmo. No obstante, la referente del EMiPA admitió a PRIMERA EDICIÓN que esa secuela de agresiones constantes de terceros contra sus familias despertó mucho enojo “la verdad es que tuvieron mucha paciencia todo este tiempo, es entendible que estén enojados”.
En tanto, según precisó aún no decidieron si reconstruirán las viviendas demolidas y reforzarán la seguridad del lugar.
“El abogado y asesores de EMiPA les aconsejamos que resistan, que sigan ocupando el lugar, pero lo cierto es que la capacidad de resistencia la tienen que decidir y es voluntad de ellos... nosotros le daremos nuestro apoyo y acompañamiento a lo que decidan”, aseguró Ramírez.
