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Itaembé Guazú: vecinos presentarán un recurso de amparo ante la Justicia federal

Más de un centenar de vecinos se reunieron este domingo en asamblea para definir cómo resolver el incremento del 1.300% en sus facturas de gas. Resolvieron presentar un recurso judicial ante el fuero federal.

1 julio, 2024
ITAEMBÉ GUAZÚ. Vecinos congregados para debatir su accionar colectivo frente al aumento desmedido en el servicio de gas.

Más de 100 vecinos y vecinas se autoconvocaron en asamblea este domingo en horas de la tarde para debatir qué hacer frente al inesperado aumento del servicio de GASNEA que percibieron durante el mes de junio.

El encuentro tuvo lugar en el parquizado cercano al puente de lirios del barrio, al que cada uno asistió con silletas, mates y su respectiva factura de servicio.

PRIMERA EDICIÓN dialogó con Alejandra Farias, vecina de Itaembé Guazú, quien explicó que “se tratan de 10 sectores en total, hoy en día estaríamos por encima de las 10 mil familias habitando el barrio, pero no todos los sectores tienen la misma situación, hay algunos sectores que no fueron obligados a conectarse a GASNEA, hay otros que tienen a medias”.

“En muchos de los sectores no tuvimos opción de elegir otro mecanismo para poder tener gas en nuestra vivienda. La opción que nos dieron, y que de hecho tuvimos que abonar en el contrato cuando recibimos la vivienda, es el de pagarnos una cocina y un termotanque a gas que venía con la casa, que lo pagamos en 72 cuotas junto con la cuota de la casa. Eso y darnos de alta en el servicio de GASNEA, nos ofrecían ya con todo instalado”, explicitó.

 

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Incremento del 1.300%

Lo que llamó la atención de los vecinos es que “de pagar entre $1.500 y $1.700 el mes pasado que, lo cual somos conscientes de que es una suma irrisoria, en el mes de junio la factura fue de $25 mil o más”, remarcó. “Han llegado boletas de hasta $40 mil dentro del barrio”.

Los vecinos además alertaron que no hubo ninguna notificación con anticipación por parte de la empresa muchos de ellos se enteraron al ingresar a su home banking y ver la cifra que figuraba antes de que les llegará la boleta.

“Subió de un mes al otro, sabíamos que se iban a liberar los precios, somos conscientes de que veníamos pagando poco, pero que lo equiparen con una suma razonable que podamos pagar”, manifestó Alejandra.

 

Problema de segmentación

Asimismo, respecto a la segmentación del servicio, señalaron que “ponen que estamos en una zona residencial por lo cual estamos en una categoría mucho más alta que no nos corresponde”.

“Hay que tener en cuenta que los salarios de la provincia de Misiones oscilan entre los $450 y los $500 mil, aquellos que están relativamente bien pagos, hay unos pocos que cobran más que eso, pero la mayoría de los sueldos de los vecinos que accedieron a una vivienda de IPRODHA son bajos”, remarcó la vecina.

“Cómo puede ser que la cuota de las casas nos venga lo mismo que lo que nos viene el gas, qué es lo que nos cobran”, añadió.

“Hay vecinos que pagaban menos de mil pesos, entre $700 y $800 el mes pasado, las cifras varían, a ellos les vino $14 mil aproximadamente, es decir, por debajo del gasto fijo que nos plantean, entonces a quién le corresponde uno y otro costo fijo”, resaltó.

 

A la espera de la refacturación

La única respuesta obtenida hasta el momento fue de parte de la Dirección de Comercio Interior de Misiones, dependiente del Ministerio de Acción Cooperativa de Misiones, la cual ordenó la refacturación inmediata del servicio de gas en el barrio Itaembé Guazú de Posadas, quedando de momento suspendido el pago de sus facturas.

“Estamos a la espera de que se cumplan estos cinco días para que nos refacturen porque hubo una acción de oficio por parte de la entidad porque este aumento superó ampliamente el 75% y se presume que, si una boleta llega con un aumento por encima de ese porcentaje está mal facturada. Acá estamos hablando de un aumento del 1.300% en la mayoría de los casos”, comentó Farias.

“De todas formas, la mayoría tenemos tiempo hasta el 15 de julio porque en esa fecha vencen las boletas. Esperamos un costo un poco más acorde y no tan abrupto”, finalizó.

 

Lo acordado en la Asamblea

Luego de un extenso diálogo en el que distintos interlocutores de cada sector tomaron la palabra, se sometieron a votaciones una serie de posibles medidas, resolviendo que se presentaría un recurso de amparo colectivo ante la Justicia federal.

“Se va a presentar un recurso de amparo colectivo para pedir que se frene esta situación, para que nos pongan en la categoría que corresponde y que nos equiparen al costo fijo de otras provincias como Chaco, Corrientes o Formosa. Si nosotros comparamos el mismo servicio que da GASNEA en provincias vecinas, el costo fijo no supera los 2.500 pesos”, señaló Alejandra.

“Hoy de manera uniforme los usuarios aparecemos como categoría R4, que corresponde a usos residenciales de altísimos ingresos, realidad muy lejana al ámbito de nuestro barrio”, agregó.

Asimismo, se solicitará una audiencia a GASNEA a fin de que explique la composición del gasto fijo (rubro en el que se observa el aumento brutal del servicio), como así también los otros ítems que constituyen el servicio.

Se pedirá, además, la intervención del IPRODHA a fin de que no solo brinde detalles de la situación, sino también acompañamiento a la hora de emprender las acciones.

También se requerirá un informe a la Dirección Provincial del Gas y solicitará que la comisión conformada por el grupo de vecinos autoconvocados participe ante la Comisión de Comercio de la Cámara de Representantes, a fin solicitar la colaboración y acompañamiento de los Diputados para generar un proyecto que establezca un mecanismo legal similar a las audiencias públicas a fin, que se garanticen la participación y correcta información del usuario ante cualquier modificación tarifaria para evitar futuros inconvenientes.

Por último, se realizará una presentación ante Defensa del Consumidor, aportando nuevos elementos, a fin de reforzar y ampliar la Disposición administrativa que ha emplazado a la empresa GASNEA.

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Tags: facturaGasGas NEaItaembé GuazúJusticia Federalreclamo
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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