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Eliminación del monotributo social, golpe mortal a pequeños tabacaleros

Tal como fue votado el paquete fiscal, se eliminan las reducciones que actualmente se aplican a la categoría A, con lo cual, los contribuyentes en esa condición pasarán de pagar $3.200 a $26.000. Además perderían beneficios de la AUH y la tarjeta alimentar.

22 junio, 2024

En una decisión que desató fuertes críticas y tiene en vilo a miles de familias misioneras, en la Ley Bases y el paquete fiscal que votó el Senado no solo se eliminó la figura “efectores sociales” (monotributistas sociales) sino también la prórroga de 90 días que se había establecido en Diputados para que todos se puedan adecuar o, en su defecto, se apruebe una nueva categoría que contemple a este sector.

Solo en Misiones, este cambio generará efectos devastadores y un revés para la economía de los más desfavorecidos comprendidos en un universo de más de 4 mil pequeños tabacaleros y unas 6 mil familias que sobreviven como vendedores ambulantes o rubros afines.

El circuito de la “flamante” normativa comenzó con un fin “noble” en el paquete fiscal, que apunta a reestructurar el sistema impositivo, “que era urgente y necesario”, a decir la misma oposición.

No obstante, en la introducción del capítulo monotributo, no se tuvo en cuenta a los contribuyentes denominados “pequeños efectores” tras eliminar el siguiente párrafo: “Cuando el pequeño contribuyente adherido al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) sea un sujeto inscripto en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social que quede encuadrado en la categoría A, tampoco deberá ingresar el impuesto integrado”.

“En Diputados ya se le dio un golpe mortal al eliminarlo, aunque en definitiva se otorgó una prórroga de 90 días que podrían haber servido para crear alguna figura similar. Sin embargo, cuando la Ley Bases y el paquete fiscal hicieron su paso por el Senado, se votó inclusive quitar hasta la prórroga”, explicó a este Diario el diputado del PAyS, Cristian Castro, quien introdujo distintos proyectos en la Legislatura misionera para que los legisladores nacionales reclamen a sus pares para que hagan algo.

Una de las principales preocupaciones radica en el impacto directo en los bolsillos de los monotributistas sociales. Antes de esta medida, estos contribuyentes, quienes pagaban alrededor de $3.200, pero con la eliminación de esta figura impositiva, se enfrentarán a un aumento descomunal del 700%, elevando su carga impositiva a poco más de $26.000.

Además, como si ya no fuera grave para estos contribuyentes, una vez que aparezcan en esa figura de la categoría A, pasarán al sistema SUAF de salario por hijo y perderán la AUH, lo que significa un recorte de más del 50% de ese ingreso (ver cuadros). Al perder la AUH también quedarán fuera de la Tarjeta Alimentar.

 

“No podemos pagar”

Este incremento exorbitante es simplemente inasumible para aquellos trabajadores de la economía popular con ingresos mínimos.

“Nosotros plantamos algo de tabaco, porque nos da la ayuda de la obra social, que acá en El Soberbio se necesita mucho entre los colonos, pero no tenemos ingresos todos los meses y dependemos de la ayuda social. Yo tengo la asignación universal por dos chicos y tengo miedo de perder porque ese SUAF viene bien complicado”, contó a PRIMERA EDICIÓN  una productora que pidió la reserva de su nombre para evitar posibles inconvenientes por su denuncia.

“Van a hacer así nomás, rápido nos van a sacar los beneficios. Acá la gente de El Soberbio que también está preocupada por su pensión. Lo más triste es que no podemos hacer nada. Vamos a tener que renunciar, al monotributo o a la asignación porque ya no vamos a poder mantener los dos”, lamentó.

“Gran parte del sector político y de las organizaciones afirman que este monotributo social es una herramienta para que las personas de la economía popular puedan facturar y tener una obra social, porque el Estado subsidia los aporte previsionales, y así esa persona esté en el sistema formal y más adelante se podrá jubilar. Acá en Misiones sólo en el sector tabacaleros tenemos a más de 4 mil colonos con esa categorías. Muchos de ellos cobraban pensiones no contributivas, que está en $160 mil y claramente no le alcanza no le alcanza, entonces venden tabaco. Ahora si no se vuelve a modificar lo que se quitó los destruyen”, aseveró el exdiputado y tabacalero, Cacho Bárbaro.

Tags: Ley "Bases"MisionesMonotributo Socialtabacaleros
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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