El proyecto de Ley Bases, que aprobó la semana pasada el Senado, mantiene la edad de jubilación en 65 años para hombres y 60 para mujeres, sin modificaciones. Además, se confirmó la continuidad de la moratoria para aquellos que no alcanzan los 30 años de aportes obligatorios, a pesar de propuestas previas de eliminación que generaron fuerte rechazo.
Inicialmente propuesto, el capítulo que buscaba eliminar la moratoria y crear una Prestación de Retiro Proporcional fue eliminado del texto. Esta decisión marca un punto clave en la discusión, ya que afecta directamente a miles de ciudadanos que dependen de estos beneficios para acceder a una jubilación digna.
Privatizaciones y reformas laborales
El proyecto contempla la privatización de varias empresas estatales, aunque con excepciones como Aerolíneas Argentinas y el Correo Oficial, por solicitud de algunos gobernadores. Empresas como Energía Argentina, Aysa, y Belgrano Cargas, entre otras, podrían ser privatizadas o concesionadas, generando debate sobre el impacto en la soberanía nacional y la gestión pública.
En el ámbito laboral, se propone una reforma que extiende el período de prueba a seis meses, elimina multas por trabajo no registrado y establece un fondo de cese laboral opcional por convenio colectivo.
Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI)
El proyecto incluye un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, destinado a atraer inversiones extranjeras superiores a US$200 millones. Este régimen ofrece beneficios fiscales significativos y ha generado debate sobre la entrega de recursos naturales a largo plazo y su impacto en la economía nacional.
Monotributo Social y otros aspectos claves
El Monotributo Social se mantendrá con un esquema diferente, donde se establece un monto mínimo de jubilación obligatorio y la obra social es opcional. Esta medida busca garantizar ciertos beneficios sociales mientras se ajusta el sistema impositivo para los sectores más vulnerables.
Declaración de Emergencia Pública y Facultades al Ejecutivo
El proyecto propone declarar la emergencia pública por un año en áreas administrativas, económicas, financieras y energéticas, otorgando facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo. Esta medida busca agilizar la gestión gubernamental en tiempos de crisis, aunque ha generado preocupación por el balance de poderes y el control legislativo.
