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Centro de diálisis suspendió la prestación a los pacientes del Programa Incluir Salud

Los pacientes fueron notificados el martes que ayer no recibirían la terapia de hemodiálisis que necesitan para vivir porque sus riñones no funcionan. El centro reclama el pago de abril y mayo.

13 junio, 2024
Temática

Con apenas un día de antelación, el centro privado de hemodiálisis (Instituto Misionero del Riñón) que presta este servicio a pacientes del Incluir Salud notificó el martes que ayer no prestaría el servicio.

Pacientes como Cristina Ferreira, que debía recibir su diálisis a las 6 de la mañana de ayer recibieron este mensaje en su celular: “Estimado paciente, lamentamos informarle que el día de mañana nos veremos imposibilitados de prestar el servicio de diálisis. La falta de pago de nuestras prestaciones no nos permite hacer frente a los costos de las misma (pago del personal, insumos, entre otras cuestiones)”. Un mensaje que lógicamente despertó el pánico de los pacientes porque, si no acceden a la diálisis, se mueren (ver recuadro).

Al ser consultado sobre las causas que motivaron el cese de la prestación de un servicio que es necesario para la sobrevivencia de 150 personas en la provincia que tienen Incluir Salud, el subsecretario de Salud, Héctor Proeza, aseguró a PRIMERA EDICIÓN que “el pago correspondiente al mes de abril que está en proceso de efectivizarse por lo que creo que hubo una premura de la empresa, llamémoslo un mal entendido técnico, que comunicó a los pacientes la suspensión de la prestación antes de notificar al Ministerio de Salud Pública cuando estábamos trabajando sobre ese proceso de pago”.

 

Con fondos provinciales

Antes del mediodía de ayer, el funcionario aseguró que “ya nos contactamos con el Instituto Misionero del Riñón para avisarles que sorteamos todas las tareas administrativas y ellos se comprometieron a restablecer el servicio y llamar a los pacientes nuevamente”.

Proeza recordó que, además de este centro privado, se hace diálisis en el Parque de la Salud de Posadas. El subsecretario de Salud indicó que la Provincia es la que se está haciendo cargo de los pagos de las prestaciones del Incluir Salud “llevamos adelante los expedientes con fondos propios, de la canasta de Incluir Salud a la Provincia le cuesta 2.000 millones de pesos sostener el sistema.

La Nación manda 80 millones de pesos mensuales, que es la cápita del 2023 que nunca se actualizó, y la Provincia pone por mes para cubrir la canasta de medicación, el contrato de diálisis (que supera los 130 millones de pesos mensuales para 150 pacientes)”.

 

Millones de pesos en medicamentos de alto costo

Según indicó, solo la medicación de los pacientes trasplantados representó una inversión de 30 millones de pesos en junio “estos fondos provienen de las arcas provinciales en su totalidad”. Además, según precisó el funcionario, “en medicación de alto costo para 6.000 pacientes con distintas patologías también hay una inversión muy grande… para dimensionar, la canasta de medicamentos de solo 330 pacientes llega a 1.800 millones de pesos mensuales. El Estado nacional manda estos tratamientos en forma muy intermitente, generalmente son tratamientos por tres meses… y cuando no llega, pone la Provincia por lo que esta canasta demanda un costo fluctuante que ronda los 2.000 millones de pesos mensuales”.

En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, el subsecretario de Salud señaló que la raíz del problema no es que la Nación envíe los fondos con retraso sino que “manda los fondos del presupuesto 2023, pagaron la cápita del mes de marzo y para ellos están al día. El problema es que pasaron la responsabilidad a la Provincia de que esos fondos no alcancen para cubrir todas las prestaciones”, remarcó Proeza.

No obstante a la dificultad con los fondos, cuestionó al centro privado de diálisis por haber tomado la decisión de suspender la prestación a los pacientes “por unos pocos días de retraso en el expediente de abril, la verdad es que nos sorprendimos porque estábamos en proceso de trabajo y tenemos un convenio firmado”.

 

“Me dializo tres veces por semana, cuatro horas cada vez”

Cristina Ferreira está en lista de espera para trasplante y es una de las 150 pacientes en la provincia que reciben la diálisis a través del programa nacional Incluir Salud.

“Me dializo hace cuatro años y desde hace dos lo hago en el Instituto Misionero del Riñón. Ayer (por el martes) me avisaron que se suspendía mi sesión de hemodiálisis de este miércoles. Me dializo tres veces por semana, cuatro horas cada vez”, contó a PRIMERA EDICIÓN.

Según recordó, los beneficiarios del Incluir Salud ya venían con problemas desde hace meses en las prestaciones “pero no tan graves, por ejemplo, voy a retirar la medicación y no me la entregan completa en la farmacia del hospital, o no me autorizan toda la medicación, o voy a la farmacia y no hay medicación y tengo que esperar 15 días… son inconvenientes que me van perjudicando la salud. También, a principio de año me sacaron el servicio de traslado, después se normalizó a las dos semanas… son todas cuestiones que impactan en mi vida porque para salir de mi barrio, Itaembé Guazú, y llegar a horario tengo que tomarme un Uber si no engancho un colectivo porque mi horario de diálisis es a las 6 de la mañana”, contó. El aviso de este martes fue mucho peor: suspendieron la hemodiálisis. “En mi caso, hace tres años que no orino nada por lo que la máquina me tiene que sacar el líquido y purificar la sangre… y no puede pasar más de un día, hoy (por ayer) todavía me siento bien pero mañana ya no sé cómo voy a estar porque las sesiones de hemodiálisis son imprescindibles para mí… no puedo esperar hasta nuevo aviso”.

Por eso, después de recibir el mensaje en su teléfono del centro de diálisis, Cristina consultó cuánto salía la sesión de diálisis en forma privada y le respondieron que 110.000 pesos. Afortunadamente, ayer por la tarde le comunicaron que retomaría las sesiones de diálisis.

 

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Tags: DiálisisMisionesPacientes oncológicosprestacionesPrograma Incluir Salud
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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