“La Justicia de Misiones me genera eso, indignación, porque no entiendo tampoco que le hayan dado el beneficio de prisión domiciliaria a una persona joven, sana, acusada de homicidio agravado y robo y con todas las posibilidades de fugarse en zona de frontera internacional”.
La bronca y la impotencia la expresó ayer a este Diario, Susana Maldonado (51), cuñada de Gustavo Rojas Gallego, joven colombiano asesinado de 16 puñaladas durante la noche del 27 de febrero de 2021 en la vivienda que alquilaba en la chacra 103 de esta capital, barrio Yacyretá.
El miércoles de la semana pasada, uno de los dos acusados que tiene la causa y que se aguarda se esclarezca en juicio oral desde el 6 de agosto en el Tribunal Penal 1, fue beneficiado con el arresto en una vivienda con sus familiares en la zona sur de Posadas, con el único control del seguimiento o control que la señal de una pulsera electrónica que se le otorgó bajo la responsabilidad del Servicio Penitenciario Provincial.
Brayan Damián Casso Acosta (29), también colombiano pero oriundo de Medellín (Rojas Gallegos nació en Miranda, departamento Cauca próximo a Cali), fue el destinatario del régimen pensado y puesto en funcionamiento para detenidos acusados mayores a 70 años, con patologías que no pueden contenerse en contexto carcelario, pero también proyectado con el valor fundado para mujeres en conflicto con la Justicia pero con hijos, menores de edad por atender, niños.
Casso Acosta y el posadeño Juan Ramón Ramírez fueron detenidos y acusados por el juez de Instrucción 7, Miguel Mattos, vinculados como “coautores” de los delitos de “homicidio agravado por criminis causa y robo, en concurso real”. Es decir, se los imputó y elevó a juicio, con la opinión en el mismo sentido de la fiscal Patricia Inés Clérici, por planificar y ejecutar la muerte del joven vendedor ambulante de muebles económicos de madera, además de robarle el dinero de los microcréditos que distribuía en barrios de la zona oeste.
“El Tribunal Penal 1 no tiene explicación al beneficio que le otorgó a este acusado. A mi cuñado lo mataron dos veces otorgando un privilegio sin importar todas las facilidades de profugarse que le abrieron”, resumió Maldonado, mujer que se manifiesta como representante de la familia de la víctima fatal y que solicitó se mantenga en reserva el lugar de residencia de la misma.
“Casso Acosta podrá no ir a juicio ahora si lo desea, ¿quién lo va a encontrar si cruza la frontera?” Maldonado se pregunta pero también se alarma ante la posibilidad cierta que si lo declaran culpable y le autorizan a aguardar en prisión domiciliaria que la condena quede firme en instancias superiores, “aumentará también la posibilidad que decida escapar de la provincia”.
“Sabemos que ya detenido en 2021 intentó escapar. Puede pagar abogados particulares con facilidad y a nosotros el Tribunal (Penal 1) nos notificó como querellantes esta semana recién. Insisto, tenemos mucho miedo que el 6 de agosto brille por su ausencia este acusado”.
“Las irregularidades las vemos desde el primer momento en la causa y a nosotros nos persigue el miedo, estamos en riesgo por las amenazas. A la semana de la detención de este muchacho nos amenazaron. Estamos indefensos y la Justicia no hace nada en una provincia que cualquiera puede entrar matar y salir”.
“Es muy doloroso, nos da impotencia pero también mucha rabia, porque cuando creemos y confiamos después nos enteramos que a nuestras espaldas, sin notificarnos, hacen esto, prácticamente liberan a un asesino”.
Maldonado es más contundente y no esquiva preguntas: “Claro que no hay justicia en estas condiciones en las que los jueces establecen las sospechas que se puede comprar todo y se expone como explicación una cartita con citas de autores penales para beneficiar a un acusado de tan grave delito, que espera prisión perpetua y a la familia de la víctima, a la querella no se le avisa nada de nada”.
“Juro que no quiero pensar que esto ocurre por dinero, pero los jueces no hacen las cosas como se deben. De verdad, no pueden saber siquiera si el imputado está vigilado lo suficiente para no fugarse ahora”.
Expectativa
Gustavo Rojas Gallego tenía 32 años cuando fue atacado a golpes y puntazos de arma blanca en el departamento que alquilaba sobre la calle 66 en el barrio Yacyretá. Uno de los dos acusados por el crimen que incluyó tortura.
El posadeño Ramírez y el colombiano ahora detenido en una casa con tobillera electrónica, son los dos acusados que serán juzgados por el TP-1 a partir de agosto.
Mientras se aguarda el debate, en el Superior Tribunal de Justicia, los nueve ministros analizan el recurso planteado por el fiscal Martín Rau tras el rechazo de los jueces integrantes del TP-1, Viviana Gladis Cukla y Gustavo Arnaldo Bernie a rechazar el beneficio solicitado por el encartado. La no comunicación y por consiguiente, no consideración de la opinión de la querella para otorgar la prisión domiciliaria, es otra de las irregularidades esgrimidas y deberán resolver los integrantes del máximo escalón judicial misionero.
