La Federación Argentina de Cámaras de Comerciantes en Repuestos del Automotor de la República Argentina (FACCERA) rechazó la propuesta de modificación de la Ley 25.761 que regula el funcionamiento de los desarmaderos y la venta de repuestos de segunda mano.
La entidad a cargo de Esteban Martín representa a unas 15.000 casas de venta mayoristas y minoristas de todo el país.
“La entidad reclama que, por el contrario, las autoridades judiciales y policiales de distinta jurisdicción –nacional, provincial y municipal– acentúen el control sobre el desarmado de vehículos y la consecuente comercialización de sus partes, haciendo cumplir la ley”, señaló FACCERA en un comunicado de prensa.
La entidad afirmó que “en un contexto de creciente inseguridad, sobre todo en los grandes conglomerados urbanos del país, solo debe permitirse el funcionamiento de las empresas debidamente autorizadas y fiscalizadas para esa actividad”.
“La Ley 25.781 es clara y contundente en el sentido de que solo pueden comercializarse en el mercado 30 partes y piezas de segunda mano debidamente estampilladas que no están vinculadas con los mecanismos de seguridad con el cual funcionan los vehículos”, subrayó.
FACCERA rechazó también que se estén produciendo faltantes de partes y piezas nuevas. “Por el contrario, la caída de la actividad económica en general ha producido una sobreoferta de repuestos, con bajas de precios, que es visible en todos los mercados, pequeños y grandes, del país”, aclaró.
En ese sentido señaló que “si se quiere aumentar la oferta de repuestos en el mercado interno, el Gobierno debería actuar como ha dicho que lo hará en otros rubros:
- “Abriendo la importación de aquellos repuestos, partes y piezas que no se producen en el país, o que pertenecen a modelos no fabricados aquí
- “Manteniendo el acceso a los dólares para el pago de los insumos importados a las fábricas nacionales de repuestos
- “Acelerar una baja en los impuestos que inciden sobre estos elementos de primera necesidad para el funcionamiento de su parque automotor”.
Al mismo tiempo, FACCERA instó a las autoridades competentes a que una vez extraídas las partes autorizadas para su venta y fiscalizadas mediante un sello de origen, los vehículos siniestrados sean compactados.
