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Quinta jornada del acampe policial: el Gobierno ratificó aumento a policías, pero los manifestantes seguirán en el lugar

El diálogo entre las partes en conflicto se centró en las cuestiones legales de la permanencia de los móviles oficiales en la protesta de la avenida Uruguay.

22 mayo, 2024

Durante el quinto día de acampe de los efectivos policiales y penitenciarios frente al Comando Radioeléctrico I de Posadas, tanto los delegados de la protesta como funcionarios de la Policía de Misiones dedicaron el diálogo a buscar una salida al requerimiento judicial por la tenencia de los móviles de la fuerza en la manifestación.

En lo salarial, si bien se había anunciado la posible continuidad de las negociaciones en la sede de la Jefatura de Policía, finalmente el encuentro no se dio y el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, ratificó que se liquidarán los haberes de mayo -salvo un avance de último momento- con el incremento del 20% anunciado el lunes pasado por el mismo funcionario.

La mañana de ayer comenzó con un requerimiento del fiscal de Instrucción 6, René Germán Casals, a la Jefatura policial para que informe el listado de vehículos retenidos en el acampe sobre la avenida Uruguay de Posadas.

En horas de la siesta, el director de la Policía Científica, Juan Carlos Vázquez, se apersonó en la sede del Comando y mantuvo un diálogo a puertas cerradas con los voceros Germán Palavecino y Ramón Amarilla, a fin de buscar una salida a la entrega de los móviles que reclamó la Justicia penal.

Palavecino confirmó a PRIMERA EDICIÓN que recibió un Oficio en donde “la Justicia solicita la devolución de los móviles policiales apostados en la manifestación”. A lo que argumentó: “Nosotros no somos delincuentes, somos auxiliares de la Justicia y como auxiliares hacemos todo lo necesario para garantizar la seguridad de toda la sociedad misionera, esa es nuestra misión institucional”.

“Le expresamos al Dr. (Ricardo) Balor (juez de Instrucción) que si quieren llevar los vehículos, que los lleven. No están retenidos, están a disposición de la Jefatura de Policía. Así lo hemos expresado a lo largo de estos días; si quieren llevarlos, que los lleven. No se trata de una entrega cuando siempre estuvieron a disposición”, remarcó el vocero policial.

Al cierre de la edición, Vázquez labró un acta en la que se dejó asentado que los delegados Amarilla y Palavecino no se opusieron a la entrega de aproximadamente 28 vehículos (que habrían sido contabilizados con GPS) pero el resto de los manifestantes puso reparos, con lo cual los móviles policiales continuarán en la protesta, hasta que la Justicia decida qué hacer.

Trascendió en el acampe que habría llegado una comunicación de advertencia a los manifestantes: quien no se presentara a tomar servicio hoy, sería sancionado. Ese hecho, habría generado las diferencias para destrabar la entrega de los móviles oficiales, a partir de la postura que asumió la mayoría de los efectivos que protestan en la avenida Uruguay.

 

 

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“Los camaradas están muy endeudados”

Palavecino se refirió después al reclamo salarial: “Si hubiésemos tenido sueldos altos o enormes, estaríamos en otra situación y no nos hubiese afectado tanto. En los últimos 5 o 6 años, siempre los salarios han oscilado la canasta básica. Pero desde octubre a la fecha hemos perdido un 50% de nuestros sueldos. Nos han bajado los sueldos en más del 50% y nos han puesto en una situación de extrema vulnerabilidad”.

El delegado no dudó en afirmar que “el camarada se endeudó hasta no poder más, préstamos personales, tarjetas de crédito y hasta con los colombianos se desprendieron de sus bienes. Nuestros pares han entrado muchos hasta en situación de calle”.

Por otra parte, en referencia a lo salarial, Palavecino lamentó que “en estas horas (pasadas las 19 horas de ayer) convocaron a otros sectores, como ser el caso de salud, pero a nosotros no. De igual manera, nosotros pedimos al Altísimo que toque el corazón de las autoridades y que atiendan de manera adecuada esta situación, porque más allá del personal policial y penitenciario, todos los misioneros nos merecemos un sueldo digno”.

“Estamos esperanzados en que nos llamen para un nuevo encuentro, pero hasta ahora eso no sucedió”, dijo al finalizar uno de los voceros.

 

Desmentida por falsa denuncia

Con el avance de las averiguaciones y testimonios recogidos por autoridades policiales, se pudo establecer que el vehículo de la Policía Científica asignado a tareas de criminalística de la Unidad Regional X que en principio fue denunciado como robado a mano armada, finalmente no fue llevado por la fuerza este lunes por la noche.

Los efectivos a cargo de la camioneta Peugeot Partner admitieron a sus jefes directos que consensuaron con sus camaradas que participan en la protesta la entrega voluntaria de la unidad con la promesa de que la cuidarían y se responsabilizarían por el estado. El fiscal Casals abrió una investigación por posible falsa denuncia.

 

La Municipalidad de Posadas se presentó a la Justicia penal

La Municipalidad de Posadas radicó una denuncia ayer contra los manifestantes que -desde el último viernes- están cortando el tránsito sobre la avenida Uruguay, frente al Comando Radioeléctrico I.

“Desde el Ejecutivo municipal buscamos garantizar el libre tránsito por una arteria tan importante para nosotros y el transporte público de pasajeros de la ciudad como es la avenida Uruguay. Sumado a eso, también hemos recibido muchos reclamos de todo el sector del comercio que se encuentran afectados por esta interrupción del tránsito“, explicó José Amable, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Posadas, en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones.

“Tengan en cuenta que la avenida Uruguay es quizá uno de los centros más neurálgicos de comercio que tenemos en la ciudad. Después del centro es donde más comercios hay, y la verdad que se ven seriamente afectados, no solamente por la interrupción del tránsito sino también por la quema de gomas, por el ruido y por la imposibilidad de poder continuar con su tarea cotidiana como la venían realizando hasta antes de estos episodios”, continuó Amable.

 

Marcelo Pérez: “El diálogo está, estuvo y estará abierto”

En una conferencia de prensa realizada en Gobernación, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, abordó la cuestión del último incremento salarial para los empleados públicos de la provincia.

Detalló que este anuncio fue parte de una serie de aumentos salariales que la administración central ha implementado, siendo éste el tercer incremento en cuatro meses. Pérez subrayó que “en algunos casos, este último aumento casi triplica la inflación”.

Enfatizó “el desafío que representa este incremento salarial en un contexto económico nacional complicado. Son incrementos que cada uno de los sectores percibirá en tiempo y forma conforme lo viene haciendo el Gobierno provincial desde hace muchísimo tiempo”, afirmó.

Asimismo, mencionó que “implica un esfuerzo y una responsabilidad muy grandes en la administración en una época compleja y de escasez, de carencias y de una economía en caída”. El funcionario dijo que otras provincias han tenido que diferir el pago de haberes de mayo para más adelante. En contraste, “Misiones continuará con el compromiso con sus empleados públicos en tiempo y forma como lo viene haciendo desde hace muchos años, para garantizar así previsibilidad y estabilidad para los trabajadores”.

Al ser consultado si Misiones solicitó ayuda económica a la Nación, Pérez destacó la importancia de la ley provincial que prohíbe endeudarse para gastos corrientes, una normativa única en el país que ha guiado la administración económica de Misiones durante años.

“Misiones tiene una ley de hace muchos años, la única en el país, que le impide endeudarse para gastos corrientes. Ya hemos visto en la Argentina lo que implica endeudarse por gastos corrientes, entonces por eso es una administración responsable”, señaló.

Puso énfasis en que esta política de responsabilidad fiscal, “aunque esencial, implica tomar decisiones difíciles en tiempos de crisis económica”.

Por eso, “algunas iniciativas deberán ser pospuestas para asegurar el cumplimiento salarial de los empleados públicos. Claramente se van a dejar de hacer cosas. Se va a dejar de hacer asfalto, se va a hacer un hospital o dos hospitales. En este caso, se va a dejar de potabilizar en una localidad el agua y puedo dar varios ejemplos más”, explicó.

Pérez destacó: “Hay actividades privadas que han despedido gente, hay gente que está sin trabajo. Entonces, para poder cumplir en tiempo y forma con el salario de los empleados públicos, afinando el lápiz para que la gente entienda, vamos a dejar de realizar obras. Vamos a dejar de asfaltar determinados lugares, asfalto sobre empedrado que se iba a hacer. Empedrado y cordón cuneta en algunas localidades, obras de hospitales, comisarías y muchos ejemplos más que puedo dar”.

 

Sigue el diálogo

El diálogo, aseguró el ministro, “es un pilar fundamental en la gestión del gobierno provincial. No se concibe trabajar en democracia y menos en este gobierno, si no es dialogando”, expresó.

Resaltó que el diálogo no se genera esporádicamente, sino “todos los días, con cercanía, con aproximación, con entendimiento, con empatía”, en especial ante la difícil situación económica que atraviesa el país. “El diálogo está, estuvo y estará”, insistió.

Pérez también abordó la cuestión económica a nivel nacional e indicó que “a raíz de una cuestión económica, la provincia de Misiones, como todas las provincias del país, ha dejado de percibir fondos nacionales de coparticipación de subsidios”. Y resaltó que esta reducción en los ingresos ha tenido un impacto significativo en la economía de la provincia y de sus habitantes.

“Hemos hecho un esfuerzo enorme, realmente enorme, el Gobernador, el ministro de Hacienda y varios funcionarios más, hace varios días que estamos afinando el lápiz para ver de dónde obtener recursos para dar el mejor aumento posible”, explicó. Pérez también hizo referencia a las críticas sobre la falta de diálogo entre el gobierno y los sectores laborales. “El diálogo está, estuvo y va a estar, es una falacia decir que no está. Hemos arreglado con todos los sectores”, afirmó.

“¿El Gobierno nacional tendría que estar sentado aquí? No, porque no son empleados públicos nacionales”, mencionó.

 

Llamado a la paz social

“Nosotros llamamos a aquellos que han quebrado la paz social y la tranquilidad que caracteriza a Misiones para que vuelva el orden. Estamos ocupados y preocupados por ello. Hay un cúmulo de hechos que han generado delitos que fueron denunciados a la Justicia, porque no está bien. Está bien protestar, es un derecho constitucional, pero es incorrecto hacerlo de una manera ilegal e ilegítima y apoderándose de bienes de todos los misioneros”, afirmó.

“El patrullero no es de la Policía, el patrullero es del pueblo de la provincia de Misiones, que se compró con plata del pueblo de la provincia de Misiones. Trabajamos para que haya paz social y orden, se han hecho las denuncias y un poder del Estado que es el Poder Judicial que se está encargando de esas denuncias y quienes sean responsables tendrán que rendir cuentas en la Justicia”, agregó.

Pérez refutó las afirmaciones de que la provincia se encuentra en un estado de caos, destacando que la vida cotidiana y las actividades económicas continúan con normalidad. “No creo que Misiones se está incendiando realmente, hoy he recorrido la ciudad y la ciudad sigue caminando, sigue trabajando, hay una preocupación por el sector que está donde hay un conflicto, claramente”, aseguró.

 

Diálogo con la Nación

El Ministro comentó que dialoga con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. “Me ha manifestado telefónicamente que no avala que ninguna fuerza provincial se lance contra el orden establecido ni contra las leyes, ni tampoco avala que se quiebre un reglamento o la ley“, contó.

Por otra parte, la misma Bullrich lanzó fuertes críticas al Gobierno por el conflicto salarial con los trabajadores públicos, y consideró que “es una provincia que ha puesto impuestos muy altos, aduanas internas, y todo ese dinero no se ve en los salarios públicos”.

Sin embargo, Pérez consideró que la ministra no criticó al Gobierno de Misiones sino que “hizo una evaluación que tomó desde un senador opositor, me parece que faltó un análisis de la situación, no creo que la provincia, por tener equilibrio fiscal, ser celosa con sus cuentas y ser responsable con sus gastos, tenga algún tipo de responsabilidad en lo que un grupo de personas esté en desacuerdo, más allá del trasfondo que puede llegar a tener eso“.

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Tags: #PosadasAmarillaComandocorteGermán PalavecinoMarcelo PérezMisionesProtesta Policial
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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