Mientras se agiganta el malestar por la motosierra que viene aplicando el presidente del Concejo Deliberante, Jair Dib, sobre el personal contratado en ese ámbito, este jueves, 15 días antes del vencimiento de su presentación obligatoria, al órgano deliberativo capitalino le alcanzaron los votos de la Renovación para aprobar la remisión del balance de gastos y saldos del municipio en 2023, por 37 mil millones de pesos.
El apoyo no fue unánime, los bloques Juntos y Acción lo hicieron en contra porque, a diferencia de otros periodos, lo que se viene aprobando es la remisión de todo el documental al Tribunal de Cuentas, que es quien hace en análisis. El papel de los concejales se circunscribe únicamente a consultar y debatir en la exposición resumida del equipo del Ejecutivo sobre el ejercicio financiero, cuyos números siempre al final se amplían y además esa libre disponibilidad de dinero, por fuera del presupuesto aprobado, siempre es mayor.
“Anticipo mi voto negativo al dictamen del presupuesto que ha sido firmado en forma exprés y ultra rápido (…) creo que aprobarlo con una exposición genérica sin haber visto el documental sería de una gran irresponsabilidad en este momento económico que reclama una gestión responsable de los recursos de los posadeños”, fueron las palabras de los ediles opositores Valeria Gomez de Oliveira, Pablo Argañaraz y Pablo Velázquez, quienes pusieron serios cuestionamientos a la ampliación de más de 17 mil millones de pesos encima de lo presupuestado.
Y con respecto a las ampliaciones, a dos semanas de la llegada de junio (mes que se paga el aguinaldo y también el arreglo salarial que firmó con el SOEMP), quien todavía firmó el decreto de ampliación del presupuesto del Concejo es el propio Dib, quien por ahora todavía muestra el látigo y está guardando la lapicera. Pero es inminente que lo haga: no tiene ni siquiera que contar con la aprobación del cuerpo porque hace varios años que el decreto administrativo para la ampliación presupuestaria ya ni pasa por el recinto; además, teniendo en cuenta el contexto económico del país, la ampliación va ser inevitable y es difícil que el Ejecutivo se lo niegue.
Por otra parte, en coincidencia con la agenda ambiental de la Cámara de representantes, los ediles capitalinos aprobaron por unanimidad la adhesión del municipio al programa provincial Huella de Carbono que permitirá para establecer un sistema de medición de la emisión de gases invernadero para su mitigación.
